La proposición de ley, impulsada por Sumar y con el respaldo del PSOE, sale adelante con 168 votos a favor, 31 en contra y la abstención del PP y Junts.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición de ley que permitirá acceder a la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la Administración de España y a sus descendientes directos. La votación ha salido adelante con 168 votos a favor, 31 en contra y la abstención del PP y Junts. Vox ha sido el único gran grupo que se ha opuesto. El texto, impulsado por Sumar y especialmente por su diputada de origen saharaui Tesh Sidi, pasa ahora al Senado antes de completar definitivamente su tramitación.
La proposición establece que concurren las «circunstancias excepcionales» necesarias para conceder por carta de naturaleza la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residan legalmente en España. Para demostrarlo podrán utilizar desde antiguos DNI españoles hasta certificados de nacimiento, documentos expedidos por la Administración española o la inscripción en el censo elaborado para el referéndum del Sáhara. Los beneficiarios dispondrán de tres años desde la entrada en vigor de la ley para presentar su solicitud, con la posibilidad de prorrogar el plazo durante otro año. Sus hijos podrán optar posteriormente por la nacionalidad durante los cinco años siguientes a la inscripción de cualquiera de sus progenitores en el Registro Civil.
La norma también modifica el Código Civil para equiparar a los saharauis con los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y con los sefardíes a efectos del plazo reducido de dos años para adquirir la nacionalidad por residencia. Las estimaciones sobre su alcance oscilan según las fuentes y los criterios empleados, pero se habla de decenas de miles de beneficiarios directos y de una cifra considerablemente mayor cuando se incorporan sus descendientes. No se trata, por tanto, de una declaración simbólica del Congreso ni de un reconocimiento político del Frente Polisario, sino de una modificación con consecuencias jurídicas concretas para miles de personas.
El giro del PSOE tras años de bloqueo
El cambio decisivo se había producido antes de la votación: el PSOE, que había bloqueado la iniciativa al comienzo de la legislatura, decidió esta vez permitir que prosperase. El giro socialista se consumó a finales de junio, cuando la Comisión de Justicia desbloqueó el texto después de negociar varias modificaciones. Ocurrió apenas una semana antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta que ha terminado por colocar la relación con Marruecos, el funcionamiento de los servicios de Inteligencia y las responsabilidades dentro del Gobierno en el centro del curso político. Sidi ya intentó sacar adelante una iniciativa similar al principio de la legislatura y chocó con sus propios socios socialistas. La cuestión venía arrastrándose incluso desde antes: distintas formaciones de izquierda habían promovido desde 2014 fórmulas para facilitar la recuperación de la nacionalidad a los saharauis. El Congreso había aprobado incluso pronunciamientos en ese sentido en 2016, pero nunca habían terminado convertidos en una ley de estas características.
Marruecos, en el centro de la decisión
La explicación oficial de los socialistas es que una cosa no tiene que ver con la otra. El Ministerio de Exteriores ha defendido estos días que la nacionalidad de los saharauis es una decisión soberana de las Cortes y ha tratado de desvincular su tramitación del deterioro de las relaciones con Rabat. La dificultad está en que casi ninguna decisión española relacionada con el Sáhara ha sido ajena durante décadas a la relación con Marruecos. Mucho menos después del giro protagonizado por Pedro Sánchez en 2022, cuando España pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la base «más seria, realista y creíble» para solucionar el conflicto. Aquella decisión permitió recomponer la relación con Mohamed VI después de la anterior crisis diplomática, pero abrió una brecha con buena parte de los socios parlamentarios del Gobierno y con Argelia.
La paradoja es que cuatro años después el PSOE ha terminado respaldando una iniciativa que reconoce de forma expresa el vínculo histórico y jurídico de España con los saharauis justo cuando Marruecos vuelve a estar en el centro de la política española. Sumar y otros aliados aprovecharon el debate para recordar a los socialistas sus anteriores reticencias y reclamarles que no supediten la política sobre el Sáhara a la reacción de Rabat. El PP eligió una posición intermedia: no bloqueó la norma, pero tampoco quiso sumarse al voto favorable y se abstuvo después de acusar al Gobierno de falta de «constancia y coherencia» en su política sobre el Sáhara. Vox votó en contra con el argumento de que la nacionalidad española no puede utilizarse como una compensación por una injusticia histórica.
La iniciativa continuará ahora su recorrido en el Senado. Pero la decisión política fundamental ya está tomada. Después de años de cautelas, el PSOE ha aceptado una reclamación que había contribuido a mantener aparcada y el Congreso ha reconocido por primera vez mediante una ley específica una vía extraordinaria para devolver la nacionalidad a quienes nacieron en un territorio que España administró hasta 1976. Y lo ha hecho cuando cualquier movimiento alrededor del Sáhara vuelve a tener inevitablemente una segunda lectura a 1.500 kilómetros de Madrid, en Rabat.
