Fuentes de Sumar confirman que la norma no se aprobará el martes y apuestan por un ‘gran paquete’ de vivienda pública, sin concretar fecha
Sumar dentro del Gobierno ha descartado aprobar el martes el decreto de expropiaciones vinculado al caso de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada la semana pasada, según fuentes consultadas por 20minutos. La medida, que inicialmente se planteó como una respuesta puntual, se ha convertido en un proyecto más amplio que no tendrá fecha concreta en el Consejo de Ministros.
Las mismas fuentes aclaran que el texto definitivo no se limitará al caso concreto de Maricarmen, sino que buscará un ‘gran paquete de expropiaciones’ para abordar la emergencia habitacional. Aunque no se han detallado plazos ni contenidos, queda claro que la estrategia del Gobierno prioriza ahora la amplitud de la norma sobre la urgencia del caso individual.
El caso Maricarmen y el debate sobre expropiaciones
El desalojo de Maricarmen, que generó una ola de indignación social, ha reavivado el debate sobre las expropiaciones como herramienta para garantizar vivienda pública. El Gobierno ya había anunciado en agosto su intención de impulsar este mecanismo, pero la presión mediática y social por el caso concreto ha acelerado los plazos. Sin embargo, las fuentes consultadas insisten en que la medida no será un parche puntual, sino parte de una reforma más ambiciosa.
Maricarmen y otros desalojados siguen en incertidumbre legal
La demora en la aprobación del decreto tiene varias consecuencias. En primer lugar, Maricarmen y otros afectados por desalojos forzosos seguirán en una situación de incertidumbre legal, al menos hasta que se defina el alcance de la norma. Además, la oposición —especialmente Vox y el PP— podría aprovechar el retraso para criticar la falta de celeridad en una medida que, según sus argumentos, ya debería estar en vigor.
Por otro lado, el proceso legislativo podría alargarse si el decreto requiere negociación con otros partidos o ajustes técnicos. Las fuentes de Sumar no descartan que la norma incluya mecanismos de compensación para propietarios, un punto clave que podría generar tensiones con el sector inmobiliario y los grupos de derecha.
El Gobierno, por su parte, parece optar por una estrategia de calidad sobre velocidad: en lugar de aprobar una medida limitada y controvertida, prefiere esperar a un texto más sólido y amplio. Sin embargo, esta decisión también abre la puerta a que otros casos de desalojo —como los registrados en Madrid o Barcelona— presionen aún más para una solución inmediata.
