El decreto amplía el límite anual y adapta fondos públicos a proyectos de financiación responsable, mientras se refuerza el control de criptoactivos
El Gobierno ha aprobado este miércoles un real decreto ley que eleva de 350 a 500 millones de euros el límite anual del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), una medida impulsada por la cercanía del volumen de operaciones aprobadas en 2025 —344 millones— al tope anterior. La decisión, publicada en el BOE, busca desbloquear proyectos pendientes, como los 460 millones ya identificados por Cofines para este año.
El decreto también flexibiliza el funcionamiento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), permitiendo la aceptación de garantías españolas en proyectos de financiación responsable. El objetivo es facilitar el apoyo a las pymes españolas en su expansión internacional, un sector especialmente afectado por la crisis geopolítica en Oriente Próximo.
Además, se modifica la ley de blanqueo de capitales para incluir a los proveedores de servicios de criptoactivos como sujetos obligados, cerrando un vacío legal que podía usarse para operaciones ilícitas. La medida refuerza el control financiero en un contexto de creciente uso de activos digitales en transacciones internacionales.
El FIEX y el FIEM: dos herramientas clave para la inversión exterior
El FIEX, gestionado por Cofines (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), tiene como objetivo impulsar la inversión española en países emergentes, especialmente en sectores estratégicos como infraestructuras, energía renovable o tecnología. Su límite anual, fijado en 350 millones desde 2024, se había convertido en un obstáculo tras aprobarse 344 millones en 2025, según datos del propio organismo.
Por su parte, el FIEM —administrado por ICEX España Exportación e Inversiones— ofrece garantías y financiación a empresas que operan en mercados exteriores. Su flexibilización ahora permitirá a las pymes acceder a proyectos con menor burocracia, un paso clave para competir en un entorno marcado por la inestabilidad en Oriente Próximo, donde la demanda de inversiones españolas en logística y seguridad se ha disparado.
Criptomonedas y blanqueo: un riesgo que el Gobierno ya no ignora
La inclusión de los proveedores de criptoactivos en la ley de blanqueo de capitales responde a un creciente uso de estos activos en transacciones opacas, especialmente en mercados volátiles como los de Oriente Próximo. Según el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), el 12% de las alertas por operaciones sospechosas en 2025 involucraron activos digitales, un porcentaje que ha crecido un 40% respecto a 2024.
La medida, que entrará en vigor en los próximos días, obliga a estas plataformas a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas, alineándose con estándares internacionales como los del GAFI (Grupo de Acción Financiera). Este cambio refuerza la posición de España en la lucha contra el fraude financiero, un tema que ha ganado urgencia con la escalada de tensiones en la región.
El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros del martes, forma parte de un paquete de medidas de respuesta a la crisis en Oriente Próximo que también incluye la extensión de descuentos en carburantes y el freno a la subida de la tarifa regulada del gas hasta final de año.
