El segundo texto, clave para evitar desahucios, sigue sin publicarse y se votará el viernes en el Congreso
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha publicado este miércoles en el BOE solo uno de los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros para frenar la crisis de vivienda. El texto que incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler —exigida por Sumar y el Sindicato de Inquilinas— sigue sin ver la luz y se retrasó un día por «cuestiones jurídicas», según fuentes gubernamentales.
El decreto publicado hoy establece una renovación de contratos hasta 2028, pero el segundo —que introduciría la prórroga automática— aún no ha sido publicado. Fuentes del Gobierno explican que ambos textos están interconectados: el segundo modifica un artículo del primero, por lo que no tiene sentido aprobarlo antes de que el primero entre en vigor. Sin embargo, esta división ha generado críticas desde la oposición y el propio Sindicato de Inquilinas, que advierte de que el segundo decreto podría ser rechazado si se aprueba por separado.
La medida más polémica, la prórroga automática de los contratos, fue negociada tras el desahucio de Maricarmen y reclama contratos indefinidos para inquilinos que cumplan con el pago. Sumar y otras formaciones de izquierdas incorporaron esta reivindicación en las negociaciones, pero el Gobierno optó por dividir el decreto para asegurar su aprobación en el Congreso, donde se votará el viernes en un pleno extraordinario.
El PP ya ha criticado la falta de transparencia: Elías Bendodo, diputado popular, preguntó al vicepresidente económico Carlos Cuerpo qué se votará el viernes si solo se ha publicado un decreto. Mientras, cientos de personas acampan desde hace cinco días en la Puerta del Sol de Madrid exigiendo medidas urgentes, en un contexto de creciente presión social.
Este no es el primer caso en que el Gobierno divide medidas para salvar su aprobación parlamentaria. En febrero de 2026, ya troceó el decreto del escudo social para priorizar las pensiones. Ahora, la estrategia vuelve a repetirse, pero con el riesgo de que la división de los decretos debilite su impacto real.
