La ‘enervación’ obliga a los jueces a archivar lanzamientos si el inquilino paga lo adeudado, pero Junts y Podemos aún no definen su apoyo
El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el primer decreto-ley de vivienda, que entrará en vigor mañana y suspende los desahucios en inmuebles de grandes tenedores hasta el 31 de diciembre de 2030. La norma incluye una medida clave: la ‘enervación’, que obliga a los jueces a archivar expedientes de lanzamiento si el inquilino vulnerable abona las rentas impagadas.
El decreto afecta a propiedades de empresas que adquirieron inmuebles por debajo del 70% de su valor de mercado —consideradas ‘fondos buitre’— y prohíbe desahucios incluso con resoluciones judiciales previas, siempre que el lanzamiento no se haya ejecutado aún. No contempla compensaciones económicas para estos propietarios.
La ‘enervación’ exige que las comunidades autónomas o ayuntamientos ofrezcan vivienda alternativa o paguen las deudas del inquilino en un plazo de dos meses. Si no lo hacen, el Estado asumirá el coste. El Gobierno ya cuenta con una línea de ayudas para estos casos, evitando gastos extraordinarios para las autonomías.
El texto define legalmente por primera vez a los ‘fondos buitre’ como entidades que compran inmuebles por menos del 70% de su valor de tasación. Sin embargo, Junts y Podemos aún no han confirmado su postura, lo que podría condicionar su tramitación parlamentaria. Un segundo decreto, con la prórroga automática de alquileres, se publicará mañana.
El primer decreto-ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el día anterior al anuncio en el BOE, y su publicación en el boletín oficial se realizó el miércoles. La normativa entrará en vigor el día siguiente, lo que significa que los desahucios se suspenderán a partir de el jueves y permanecerán así hasta el 31 de diciembre de 2030. El segundo decreto, que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler, se espera que se publique mañana, completando así el paquete de medidas que el Gobierno pretende introducir para proteger a los inquilinos vulnerables.
