Expedientes revelan que se ignoraron peticiones de reagrupación familiar en Cataluña y País Vasco para cumplir acuerdos políticos
El Gobierno de Pedro Sánchez asignó menores inmigrantes a Andalucía en 2025 sin respetar sus solicitudes de reagrupación familiar en Cataluña o País Vasco, según documentos expuestos por la Junta de Andalucía. La consejera de Servicios Sociales andaluza denunció que estos casos se usaron como moneda de cambio para satisfacer a los socios independentistas de la coalición.
Los expedientes analizados en el Parlamento andaluz muestran que al menos tres menores con familias en Cataluña o País Vasco fueron derivados a Andalucía a pesar de que sus solicitudes de reagrupación ya estaban aprobadas en sus comunidades de origen. La Junta de Andalucía, que recibió estos casos, alertó de que el Ejecutivo central priorizó el reparto territorial sobre los derechos legales de estos menores.
Esta práctica contrasta con el marco legal vigente, que establece que los menores inmigrantes deben ser reagrupados con sus familias en la misma comunidad autónoma donde estas residan. La Junta andaluza, gobernada por el PSOE, exigió al Gobierno central una explicación detallada sobre estos casos, que afectan a familias ya integradas en Cataluña y País Vasco.
El conflicto refleja tensiones internas en la coalición de Sánchez, donde los partidos independentistas —como ERC o Junts— han presionado históricamente para controlar el reparto de recursos y competencias en políticas sociales. Este episodio podría agravar las críticas de la oposición, que ya acusaba al Gobierno de opacidad en la gestión de la inmigración.
La Junta de Andalucía, como entidad receptora, advirtió de posibles repercusiones legales si no se corrige esta práctica, que vulnera tanto la normativa autonómica como los derechos fundamentales de los menores afectados. Mientras, el Gobierno central no ha respondido públicamente a las acusaciones, aunque fuentes cercanas a la Moncloa rechazaron que se tratara de una decisión política.
