La consejera de Servicios Sociales advierte del colapso de recursos en Andalucía tras la crisis migratoria de julio, mientras el Gobierno central evita asumir responsabilidades concretas
Loles López, consejera de Servicios Sociales de Andalucía, alertó este martes en el Parlamento autonómico de que la comunidad no puede acoger más menores inmigrantes procedentes de Ceuta. Según explicó, la capacidad de acogida está al límite tras la llegada masiva de menores no acompañados durante la crisis migratoria de julio, y advirtió que «nos reventó» la gestión centralizada.
La consejera detalló el colapso de los recursos de acogida andaluces, que ya operan al 100% de su capacidad. Andalucía, con 8.300 plazas de protección infantil, no puede asumir más menores sin desatender a los ya acogidos, según datos de la Junta. El problema se agrava porque los menores que llegaron solos a Ceuta en julio —más de 5.000 según cifras oficiales— requieren atención especializada que las comunidades autónomas no pueden garantizar sin refuerzos estatales.
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha activado aún el mecanismo de reparto de menores no acompañados entre autonomías, pese a que la ley de extranjería (artículo 31) obliga al Estado a coordinar su distribución. Andalucía, como comunidad con mayor capacidad de acogida, lleva meses reclamando un plan concreto, pero el Ejecutivo solo ha anunciado ayudas económicas sin detalles operativos. La consejera López criticó que «la responsabilidad es del Estado, pero la ejecución recae sobre las autonomías», una dinámica que repite el patrón de otras crisis migratorias, como la de 2018 en Andalucía.
Mientras, el Partido Popular (PP) ya ha anunciado que presentará una pregunta parlamentaria para exigir al Gobierno un calendario claro de reparto. «No podemos permitir que Andalucía siga siendo el parche de España», declaró ayer Juanma Moreno, presidente de la Junta, quien recordó que su comunidad acoge al 40% de los menores extranjeros no acompañados del país. La tensión crece: si el Estado no actúa, Andalucía podría bloquear la entrada de nuevos menores, como advirtió López, lo que agravaría la crisis en Ceuta y obligaría a buscar soluciones alternativas, como centros temporales en otras regiones.
