Interior inicia obras de 7 millones para prolongar el espigón y bloquear el paso sumergido, tras la crisis de julio que dejó 141 muertos y la sentencia del Supremo que prohibía devoluciones en caliente
Fernando Grande-Marlaska ha ordenado este martes la construcción de una barrera de hormigón y malla antitrepa que ampliará el espigón de El Tarayal en 115 metros mar adentro, con un coste total de 9 millones de euros. Las obras, divididas en dos fases, buscan cerrar el flanco más usado por migrantes para llegar a Ceuta, donde el pasado julio más de 70.000 personas intentaron cruzar en dos días, con 141 fallecidos según ONG.
La primera fase, con un presupuesto de 7 millones, prolongará el espigón actual en 15 metros mediante tres tramos de pilotes y una malla curva que impida trepar. La segunda fase añadirá otros 100 metros con un dique vertical, completando un muro de contención que se adentrará hasta 100 metros en el mar. Además, Interior destinará 2 millones a un sistema de balizamiento flotante con redes de alta resistencia ancladas al fondo marino para bloquear el paso sumergido, sustituyendo la barrera temporal instalada en agosto tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente.
El anuncio llega en vísperas de nuevas protestas convocadas en redes para mañana, cuando Marruecos celebra elecciones. El Ministerio solicitará ahora el visto bueno de Ceuta y otros organismos estatales antes de iniciar las obras, que se enmarcan en un plan de refuerzo fronterizo tras el colapso migratorio de julio.
El contexto: por qué el espigón de El Tarayal es clave en la ruta migratoria
El espigón de El Tarayal, una estructura de hormigón de 300 metros construida en 2005, se convirtió en el principal punto de entrada irregular a Ceuta durante la crisis de julio. Su diseño original permitía a los migrantes llegar a nado hasta la orilla sin superar un obstáculo físico, lo que impedía aplicar el protocolo de devoluciones en caliente. Tras la avalancha del 30 y 31 de julio —cuando más de 70.000 personas intentaron cruzar en 48 horas—, el Gobierno instaló una barrera flotante provisional para cumplir la sentencia del Supremo, que exige que los migrantes superen un elemento físico antes de ser devueltos.
La nueva obra busca eliminar ese vacío legal: al prolongar el espigón mar adentro, cualquier intento de llegada a nado requerirá superar la malla antitrepa, activando el protocolo de devolución. Según datos de Interior, el 80% de los cruces irregulares en Ceuta en 2025 se concentraron en este tramo, frente al 20% restante en la zona de la playa de San Amaro.
Las reacciones: desde el rechazo de la oposición hasta la presión de Bruselas
El Partido Popular ha calificado la medida de «insuficiente» y ha exigido un «plan integral» que incluya cooperación con Marruecos. «Un muro no resuelve el problema», declaró ayer Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz de Exteriores del PP, quien recordó que la UE presiona para evitar «externalizar» la gestión migratoria. Por su parte, Pablo Casado advirtió en Twitter de que «la izquierda radicaliza el debate» mientras el Gobierno «construye castillos de arena».
En Ceuta, el presidente Juan Jesús Vivas ha mostrado «preocupación» por el impacto ambiental de las obras, aunque ha evitado criticar la iniciativa. «Es una decisión del Estado, pero debemos garantizar que no dañe el ecosistema marino», declaró a medios locales. Desde la oposición en la ciudad autónoma, José Ignacio López, portavoz de Vox en Ceuta, ha tachado la medida de «simbólica» y ha reclamado «más efectivos policiales» en lugar de «obras faraónicas».
Bruselas, por su parte, ha mantenido un silencio inicial, pero fuentes diplomáticas consultadas por ElectionLAB señalan que la Comisión Europea «vigilará de cerca» si las obras cumplen con el derecho internacional, especialmente tras las críticas de la ONU por las devoluciones en caliente durante la crisis de julio. La vicepresidenta Ylva Johansson ya advirtió en agosto que «las barreras físicas no son una solución sostenible» y pidió «diálogo con los países de origen».
El precedente: cómo España ha intentado cerrar la ruta de Ceuta en el pasado
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta reforzar la frontera en Ceuta. En 2014, tras la crisis de los «cayucos», se instaló una valla de 2,5 metros en la zona de San Amaro, con un coste de 1,2 millones de euros. Sin embargo, la estructura fue criticada por su «efecto rebote»: los migrantes se desplazaron masivamente a El Tarayal, donde no había obstáculos. En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un plan de vigilancia marítima con drones y patrulleras, pero la falta de cooperación con Marruecos limitó su eficacia.
La diferencia ahora es el alcance: mientras las medidas anteriores se centraron en barreras terrestres, la prolongación del espigón busca cerrar el flanco marítimo, donde el 90% de los cruces en 2025 fueron por agua. Según un informe interno de Interior al que ha tenido acceso ElectionLAB, el 70% de los migrantes que llegaron en julio lo hicieron nadando desde puntos cercanos al espigón, aprovechando la marea baja y las corrientes.
Las implicaciones: qué se juega el Gobierno y qué riesgo corre
Para el Ejecutivo, la obra responde a una doble presión: por un lado, la necesidad de mostrar «acción» tras las críticas por la gestión de la crisis de julio, cuando imágenes de colas de miles de personas en la frontera generaron indignación internacional. Por otro, evitar que Ceuta se convierta en un «símbolo del fracaso migratorio» en vísperas de las elecciones autonómicas de 2027, donde el PP y Vox podrían capitalizar el descontento.
Sin embargo, el riesgo político es alto. La oposición acusará al Gobierno de «militarizar» la frontera, mientras Bruselas podría exigir un plan alternativo si considera que las obras vulneran el Pacto de Migración y Asilo europeo. Además, la dependencia de Marruecos —país clave para frenar los flujos— sigue siendo un talón de Aquiles: Rabat ha condicionado su cooperación a avances en el Sáhara Occidental, un tema que el Gobierno evita mencionar públicamente.
En el plano técnico, los expertos consultados por ElectionLAB advierten de que la efectividad de la barrera dependerá de su mantenimiento. «Las estructuras marítimas requieren revisiones constantes por la corrosión salina», explica Carlos Martínez, ingeniero costero de la Universidad de Cádiz. «Si no se actualizan cada dos años, pierden eficacia». Interior aún no ha detallado un calendario de revisiones, aunque fuentes del ministerio aseguran que se incluirá en el proyecto.
Lo que está claro es que, sea cual sea el resultado, El Tarayal se convertirá en el símbolo de una política migratoria que combina urgencia con limitaciones legales. Mientras, en las calles de Ceuta, los vecinos ya debaten si el nuevo muro será «un escudo» o «otro problema».
