Félix Bolaños negocia con Junts y PNV un paquete de medidas urgentes tras el caso que conmocionó a España, mientras Sumar presiona para incluir expropiaciones
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, anunció ayer que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un decreto ley con medidas urgentes para evitar desahucios como el de Maricarmen, una mujer madrileña desalojada el pasado miércoles en una situación que generó una ola de indignación social. Bolaños admitió que las políticas actuales «no son suficientes» y reclamó «altura de miras» a los socios de investidura para convalidar el texto en el Congreso, excluyendo al PP y Vox, a los que acusó de estar «al servicio de los especuladores».
El decreto incluirá medidas como desgravaciones fiscales para inquilinos y hipotecados, la prohibición de desahucios en viviendas de fondos de inversión, y la congelación temporal de alquileres —una medida que ya se aplicó parcialmente en abril—. Según datos del Gobierno, los contratos temporales en ciudades como Barcelona, Cádiz y Donostia representan hasta el 80% de los anuncios inmobiliarios, un fenómeno que el Ejecutivo busca regular con reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, Podemos ha puesto como condición no tocar la modificación de la Ley del Suelo, una línea roja para la formación morada.
El caso de Maricarmen ha acelerado las negociaciones entre el Gobierno y sus socios. Junts, que hasta ahora mantenía una postura crítica, admitió ayer que sus propuestas —como limitar compras de fondos de inversión— son «vistas con buenos ojos» por el Ejecutivo. Miriam Nogueras, portavoz de la formación, destacó que el drama de la madrileña ha servido para superar vetos cruzados entre los partidos. Por su parte, Sumar exigió la aprobación del decreto «a cualquier precio» y criticó la falta de «valentía» del Gobierno por no incluir expropiaciones, algo que Bolaños descartó: «No son constitucionales y no llevan a ninguna parte».
El PNV, aunque no tiene líneas rojas, ha puesto condiciones para su apoyo, mientras el Sindicato de Inquilinas convocó una manifestación este sábado en Madrid para presionar. La organización, que ya se reunió con el Gobierno, conoce de primera mano las negociaciones y advirtió de que el tiempo se agota: el decreto debe aprobarse el martes para evitar más casos como el de Maricarmen.
El contexto: un drama que obliga a reaccionar
El desahucio de Maricarmen —una mujer de 52 años con tres hijos— se produjo en un piso alquilado por 1.200 euros mensuales, un precio inasumible tras perder su empleo durante la pandemia. Su caso, viralizado en redes, ha expuesto la crisis de vivienda en España, donde el precio de los alquileres se ha disparado un 15% en lo que va de año, según datos de la Asociación Española de Grandes Tenedores de Vivienda. El Gobierno ya intentó abordar el problema en marzo con un decreto ley,, pero las medidas —como bonificaciones fiscales— resultaron insuficientes.
La presión social ha obligado al Ejecutivo a acelerar las negociaciones. Junts y el PNV, aunque con posturas distintas, han mostrado disposición al diálogo, algo que no ocurría desde la ruptura de conversaciones en julio. Podemos, en cambio, mantiene su crítica a la falta de «medidas contundentes», mientras el PP y Vox han tachado el decreto de «parche electoral». El plazo es ajustado: el Consejo de Ministros se celebra el martes, y la convalidación en el Congreso podría requerir votos de todos los socios.
Las medidas en juego: ¿qué incluye el decreto?
Aunque Bolaños evitó detalles, fuentes del Gobierno confirmaron que el paquete incluirá:
- Desgravaciones fiscales en el IRPF para inquilinos y propietarios con hipotecas, una propuesta de Junts que busca aliviar la carga económica.
- Prohibición de desahucios en viviendas de fondos de inversión, una medida clave para evitar casos como el de Maricarmen, cuyo piso pertenecía a un fondo especulativo.
- Congelación temporal de alquileres, similar a la aplicada en abril, que permitirá a los inquilinos solicitar una prórroga de hasta dos años en las mismas condiciones.
- Regulación de alquileres temporales, un fenómeno que en ciudades como Barcelona o Donostia representa el 80% de los anuncios, según datos del Gobierno.
Sin embargo, Podemos ha puesto como condición no modificar la Ley del Suelo, una reforma que aceleraría la construcción de viviendas pero que la formación morada considera insuficiente. Sumar, por su parte, exige expropiaciones, algo que el Gobierno descarta por «inconstitucional». La tensión entre las formaciones de izquierda podría retrasar el acuerdo, aunque Bolaños insistió en que «no hay líneas rojas» y que el decreto se aprobará «a cualquier precio».
El calendario: ¿qué pasa después?
El decreto debe aprobarse el martes en el Consejo de Ministros y luego ser convalidado en el Congreso, donde el Gobierno necesita los votos de Junts, PNV y Podemos. Si no hay acuerdo, el texto podría caer, obligando a una nueva ronda de negociaciones. Mientras, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una manifestación este sábado en Madrid para exigir medidas urgentes, y el caso de Maricarmen sigue en el centro del debate político.
El plazo es corto, pero la presión social es mayor. Si el decreto se aprueba, será el primer gran avance en vivienda desde 2023, aunque su éxito dependerá de si logra frenar la especulación y evitar más desahucios como el de Maricarmen.
