El Consejo de Ministros del martes 3 de octubre intentará aprobar medidas urgentes para frenar desahucios y subir impuestos al diésel, mientras el PP pide soluciones excepcionales y Sumar amenaza con abandonar el Gobierno
El Consejo de Ministros del próximo martes 3 de octubre aprobará decretos de emergencia para frenar el alza de precios de los carburantes y evitar desahucios como el de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años desalojada en Madrid tras perder su contrato de alquiler de renta antigua. El Gobierno actúa bajo presión social y política, con el PP exigiendo soluciones urgentes y Sumar amenazando con abandonar la coalición si no se resuelve la crisis de vivienda.
El decreto de vivienda busca contener la indignación tras el caso de Abascal, desahuciada en una camilla por la policía. La medida llega en un contexto de creciente tensión social, con protestas en varias ciudades y un clima de alerta por la inflación y la crisis geopolítica en Oriente Medio. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha evitado criticar abiertamente el desahucio, pero pide una «solución excepcional» para casos como el de Abascal, evitando así repetir errores del pasado que desencadenaron estallidos sociales.
El segundo decreto abordará el encarecimiento del diésel, con subidas del 114% interanual por la crisis en Oriente Medio. El Gobierno debe actuar antes de octubre para evitar un aumento del 50% en los recibos de gas, según los mecanismos de revisión de tarifas. La situación es crítica: Alemania ya habla de restricciones de gas en diciembre, Francia teme que la gasolina alcance los 3 euros el litro, e Italia ha impuesto topes a los precios de los combustibles. España podría reactivar la excepción ibérica, un mecanismo temporal usado en 2022 para limitar el precio del gas en la generación eléctrica, pero requeriría negociación en la UE en un momento de alta tensión política.
La medida de vivienda será clave para la supervivencia de la legislatura. El Gobierno, debilitado tras la crisis de Ceuta, debe demostrar capacidad de acción antes de las elecciones. Sumar, en reconstrucción bajo el nombre de Frente Amplio, ha propuesto abandonar la coalición si no se resuelve el problema. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha señalado que la vivienda debe ser la prioridad, siguiendo ejemplos como Nueva York o Berlín, donde el alquiler público y la expropiación de pisos son políticas clave. En España, sin embargo, el 73% de la población es propietaria, lo que complica medidas radicales.
El PP observa con cautela: tras el gas pimienta en el Congreso, evita errores que puedan desatar más protestas. La derecha recuerda episodios pasados, como el aticazo en Madrid, donde la indignación social cambió el rumbo político. Ahora, con el invierno cerca y la demanda de gas en aumento, el Gobierno debe equilibrar medidas urgentes sin repetir los fallos del pasado.
