Trabajos técnicos en marcha para reducir de 12 semanas a días los procedimientos de retorno en casos de solicitudes denegadas
Pedro Sánchez impulsa una reforma legal para agilizar las expulsiones de migrantes que no cumplan los requisitos de protección internacional en Ceuta, donde la mayoría de los solicitantes proceden de Marruecos, país considerado seguro por la UE. Según fuentes ministeriales consultadas por elDiario.es, el Ejecutivo ya ha iniciado los estudios técnicos para acortar sustancialmente los plazos administrativos y judiciales actuales, fijados en un máximo de 12 semanas.
El objetivo es facilitar los operativos de retorno al país de origen en casos donde los solicitantes no demuestren persecución por raza, religión, conflicto armado u otros motivos reconocidos por la normativa europea. El Gobierno estima que la inmensa mayoría de los marroquíes que cruzaron la frontera del Tarayal buscan oportunidades económicas, no protección internacional.
La reforma busca superar las limitaciones actuales de la normativa estatal y comunitaria, que exigen plazos garantistas para evitar devoluciones arbitrarias, incluso cuando los solicitantes no cumplen los criterios de asilo.
El marco legal actual: plazos y excepciones
La normativa vigente permite denegar solicitudes de asilo a marroquíes por considerar su país de origen seguro, pero exige un procedimiento administrativo y judicial con plazos máximos de 12 semanas. Esto impide expulsiones rápidas, aunque los solicitantes no cumplan los requisitos de protección internacional. La UE clasifica a Marruecos como país seguro, lo que agiliza las denegaciones, pero los plazos judiciales siguen siendo un obstáculo para devoluciones inmediatas.
Implicaciones políticas y operativas
La medida, en fase de diseño técnico, podría reducir los plazos de retorno a días en casos claros de denegación, sin afectar a quienes demuestren necesidades de protección real. El Gobierno justifica la reforma ante la saturación en Ceuta, donde la capacidad de acogida se ha visto superada por el aumento de llegadas desde Marruecos. La reforma no alteraría los criterios de asilo, pero sí su tramitación, priorizando casos sin fundamento.
La iniciativa genera expectación en el ámbito judicial y de derechos humanos, donde se vigilará que no se vulnere el principio de no devolución a países con riesgo de persecución, incluso si Marruecos es considerado seguro por Bruselas. La Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrían analizar su compatibilidad con el derecho internacional.
