El anteproyecto de ley desarrolla conceptos de primer país de asilo y país de origen seguro, influirá en admisión de solicitudes de asilo
El Gobierno ha anunciado un anteproyecto de ley para reformar la Ley de Extranjería, que incorpora la figura de los ‘terceros países seguros’, en línea con la Unión Europea. Esto significa que las solicitudes de asilo de nacionales de países considerados seguros, como Marruecos, estarán abocadas al fracaso, salvo contadas excepciones.
Según los informes anuales del Ministerio del Interior, las solicitudes de asilo de marroquíes que España acepta rara vez superan el 10%. El anteproyecto de ley busca adaptar el ordenamiento español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ya prevé el uso del ‘tercer país seguro’ como causa de inadmisión de una solicitud de asilo.
El rechazo de España al reglamento europeo
Aunque España incorpora la figura de ‘terceros países seguros’ en su ley de asilo, mantiene su rechazo político al reglamento europeo que amplía y extiende el uso de esta figura. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que estas propuestas ‘rompen el equilibrio del pacto’ y plantean interrogantes sobre la protección efectiva en esos terceros países y el respeto de los derechos de los solicitantes.
Implicaciones de la ley
La ley española tiene que incorporar y definir la figura de ‘tercer país seguro’ porque el Derecho de la UE la contempla y es directamente aplicable. Sin embargo, la norma nacional fija cómo se integra en el procedimiento, con sus plazos y sus garantías. El anteproyecto de ley desarrolla los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro, que pueden influir en la admisión o en la forma de tramitar las solicitudes de asilo.
El Gobierno se reserva la posibilidad de no explotar todas las posibilidades que abre la norma europea, y mantiene una posición política crítica sobre el Reglamento de Retornos y sobre la flexibilización del concepto de tercer país seguro.
En 2026, España formalizó su rechazo al Reglamento de Retornos mediante una carta al Consejo de la Unión Europea, argumentando que la creación de centros de deportación en terceros países debe respetar plenamente el Derecho Internacional y los derechos humanos. Este documento subraya que, aunque el reglamento sea de aplicación directa en la UE, la normativa española puede limitar su uso dentro del marco de la ley nacional.
El Reglamento de Retornos, que España ha rechazado, contempla la posibilidad de establecer centros de deportación en terceros países, con la condición de que se respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional. La propuesta, que forma parte del paquete europeo de migración, ha sido objeto de debate en el Consejo de Ministros de Interior de la UE, donde se han expresado reservas jurídicas y de derechos humanos por parte de España.
