El Ejecutivo central aprueba dos anteproyectos de ley para adecuar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado el primer paso para endurecer los trámites de expulsión de inmigrantes en situación irregular, con la aprobación de dos anteproyectos de ley que buscan adecuar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
El primero de los anteproyectos introduce un procedimiento acelerado para resolver las solicitudes de protección internacional en un plazo de tres meses, en lugar de los 18 meses actuales. El segundo anteproyecto reforma la Ley de Extranjería para regular el retorno de los inmigrantes que no cumplan los requisitos para ser acogidos, estableciendo un plazo máximo de 12 semanas para su ejecución.
El contexto de la crisis migratoria en Ceuta
La crisis migratoria en Ceuta ha generado una gran presión sobre el Gobierno central, que ha sido criticado por su política migratoria por 22 países de la Unión Europea. La aprobación de estos anteproyectos de ley busca enviar un mensaje de firmeza y adecuar la normativa española a la legislación comunitaria.
Implicaciones de los cambios normativos
Los cambios normativos introducidos por los anteproyectos de ley buscan agilizar los trámites de expulsión de inmigrantes irregulares y garantizar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han expresado su preocupación por la posible restricción de los derechos de los solicitantes de asilo.
La medida que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades españolas durante el procedimiento de resolución de sus peticiones ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
En plena crisis migratoria sin precedentes en Ceuta, 27 días después de la entrada masiva de 80.000 personas, sigue sin haber siquiera una cifra oficial de cuántas de ellas permanecen en la ciudad autónoma. El Gobierno central ha dado este martes el primer paso para realizar dos cambios normativos que, una vez aprobados, endurecerán los trámites de expulsión de los extranjeros en situación irregular. El primer proyecto, la elaboración de una Ley de Asilo de nuevo cuo, introduce un procedimiento acelerado para que los expedientes de solicitud de protección internacional se resuelvan en tres meses, un trámite que, según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en la actualidad se prolonga, de media, durante un año y medio. La otra novedad es una reforma de la Ley de Extranjería que, entre otras cuestiones, regulará que en el caso de los inmigrantes que llegan ilegalmente a España y no cumplan los requisitos para tener derecho a ser acogidos su retorno debe ser ejecutado en un plazo máximo de 12 semanas, de forma tan eficaz como garantista. Aunque el Ministerio del Interior ha dejado de facilitar los datos anuales de expulsiones, en la actualidad están prácticamente paradas por la reticencia de los países subsaharianos a aceptar devoluciones y lo difícil que resultan las gestiones diplomáticas. En el Ejecutivo central argumentan que estos cambios se tienen que hacer para adecuar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) -aprobado en mayo de 2024 y en vigor el pasado 12 de junio-, que se ha traducido en una directiva y nueve reglamentos en los que, aseguran, «se conjuga la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país» con «el respeto a los derechos humanos». Fuentes de Moncloa precisan, además, que la activación del proceso de transposición se acordó en una reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios celebrada en el mes de julio, pero antes de la avalancha en Ceuta del día 30. En todo caso, el proceso se encuentra en una fase muy embrionaria, ya que lo que se ha aprobado este martes son dos anteproyectos en primera vuelta que ahora van a ser enviados a los ministerios con competencias en la materia para que incorporen sus aportaciones. También se van a solicitar informes de instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Comisión Interministerial de Extranjería y la Agencia Española de Protección de Datos y de organismos como el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social. Aunque oficialmente no se ha trasladado una estimación de cuándo se remitirán al Congreso para su tramitación parlamentaria y posterior votación en el Pleno, no parece a priori factible que vayan a poder ver la luz en una legislatura que está ya en modo cuenta atrás: como muy tarde las elecciones generales tendrán que celebrarse dentro de
Fuente: El Mundo (España)
