El pleno del Tribunal Constitucional dictará sentencia esta semana para aplicar la amnistía a los líderes del ‘procés’, incluyendo a los exiliados en Bélgica
El Tribunal Constitucional (TC) pondrá fin esta semana a la aplicación de la amnistía para los condenados por el procés de 2017, al establecer una doctrina que obligará al Tribunal Supremo a levantar las penas de inhabilitación y anular las órdenes de arresto contra los líderes independentistas. Según fuentes del Alto Tribunal consultadas por El Periódico, el pleno de 12 magistrados aprobará dos sentencias: una sobre el recurso del exsecretario general de Junts, Jordi Turull, y otra sobre la exconcejalesa Dolors Bassa. Ambas establecerán que el delito de malversación por el procés no es una excepción a la ley de amnistía, permitiendo así la anulación de condenas y la libertad de movimiento para los exiliados.
La decisión, prevista para el martes 6 o miércoles 7 de octubre, afectará directamente a Oriol Junqueras (presidente de ERC) y Raül Romea (exconseller), quienes recuperarán sus derechos políticos al levantarse su inhabilitación. Para los procesados en rebeldía —Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig—, la sentencia anulará las órdenes de arresto nacional que les impedían regresar a España sin riesgo de detención.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado que el fallo se comunicará «inmediatamente» a las partes y al Tribunal Supremo, encargado de ejecutar la amnistía. Sin embargo, las fuentes advierten de que la redacción final podría variar para evitar ambigüedades, especialmente en el caso de los exiliados, donde la doctrina debe ser lo suficientemente clara como para levantar las órdenes de arresto.
La ponencia inicial, redactada por el magistrado José María Macías, ha sido modificada para alinearse con el criterio mayoritario del pleno. Se eliminaron comentarios que podrían interpretarse como una justificación de la postura del Supremo al negarse durante años a aplicar la amnistía a la malversación. La versión final será más contundente, ordenando «retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse el primero de ellos» para que el Supremo dicte nuevas resoluciones en línea con la ley.
Conde-Pumpido ha subrayado la necesidad de que las decisiones del TC sean claras, contundentes y precisas para evitar dudas en su aplicación. La Sala Segunda del Supremo será la encargada de ejecutar la amnistía para los condenados, mientras que el juez Pablo Llarena lo hará para los procesados en rebeldía.
El precedente legal: ¿Por qué la malversación sí entra en la amnistía?
La clave del debate radica en la interpretación de la Ley de Amnistía de 2023, que excluye expresamente delitos como sedición, rebelión o terrorismo, pero no menciona la malversación. El Supremo argumentó que este delito estaba vinculado a la «desobediencia institucional» y, por tanto, fuera del alcance de la norma. Sin embargo, el TC considera que el legislador sí incluyó la malversación en el texto, al no haberla excluido explícitamente, como sí hizo con otros delitos graves.
Esta interpretación sienta un precedente crucial: si el TC confirma que la malversación no es una excepción, otros delitos relacionados con el procés —como el desvío de fondos públicos— podrían ser revisados bajo la misma lógica. La decisión, además, refuerza el principio de que las leyes de amnistía deben aplicarse de manera uniforme, sin distinciones entre condenados y procesados en rebeldía.
¿Qué pasa ahora? Cronología y siguientes pasos
Una vez dictada la sentencia, el Supremo tendrá un plazo indeterminado para aplicar la amnistía, aunque las fuentes consultadas estiman que el proceso podría completarse en semanas. Para Junqueras y Romea, el levantamiento de la inhabilitación les permitirá presentarse a elecciones y ocupar cargos públicos sin restricciones. En el caso de Puigdemont y sus compañeros, la anulación de las órdenes de arresto les daría libertad para regresar a España sin temor a ser detenidos, aunque podrían enfrentar cargos por otros delitos no amnistiados, como el de rebelión.
El PP y Vox han criticado la amnistía desde su aprobación, argumentando que beneficia a líderes independentistas sin reparar en la legalidad. Sin embargo, su aplicación por parte del TC refuerza la autoridad de la ley sobre los tribunales ordinarios, incluso cuando estos se resisten a cumplirla. Para Junts y ERC, la decisión es una victoria política que les permite recuperar a sus máximos dirigentes en plena campaña electoral.
El Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no ha intervenido directamente en el proceso, ve en esta sentencia un avance en la normalización política de Cataluña. No obstante, la polémica persistirá: mientras los independentistas celebran la recuperación de sus líderes, la oposición seguirá denunciando lo que consideran un «pacto de impunidad».
