Nogueras planteó que la Administración asuma rentas y suministros cuando el desahucio se suspenda por vulnerabilidad del inquilino
Junts exigió en la madrugada del lunes al martes, pocas horas antes del Consejo de Ministros que iba a aprobar los decretos de vivienda, incorporar un punto más sobre las garantías para los propietarios de inmuebles. La petición se produjo en el marco de la movilización social surgida en Madrid y en todo el Estado tras el desahucio de Maricarmen.
La condición concreta: que la Administración pública se hiciera cargo de los impagos de rentas y de recibos pendientes por suministros cuando un desahucio quede suspendido por la vulnerabilidad del inquilino sin alternativa habitacional. Es decir, que cualquier rentista tuviera garantizado el cobro de impagos en un plazo de dos meses. Miriam Nogueras planteó esa exigencia y consiguió que se incorporara.
Era la última condición de la formación de Puigdemont para dar su apoyo al decreto principal. La negociación con el Ministerio de Vivienda se había prolongado durante semanas, según el relato de las partes, y hay quien dice que meses. Las medidas iban a convalidarse el viernes.
La negociación que precedió al ultimátum
La fuente plantea una pregunta que no resuelve: quién llamó a Puigdemont, a Turull y a Nogueras entre la madrugada del martes y la tarde del jueves. Esa ronda de contactos, según la fuente, buscaba impulsar el rechazo a los decretos y, quizás, el final de la legislatura.
El episodio sitúa a Junts en el centro de la aritmética parlamentaria del Congreso. Su apoyo resulta determinante para convalidar normas en el Congreso, donde el Gobierno no dispone de mayoría absoluta. La formación condiciona ese respaldo a medidas concretas.
El desahucio de Maricarmen y la calle
Esa movilización es el marco en el que se tramitan los decretos de vivienda y en el que Junts introduce su exigencia sobre los propietarios.
La petición de Nogueras se refiere a la seguridad del arrendador cuando el desahucio se suspende por la vulnerabilidad del inquilino. El mecanismo que reclama es que la Administración asuma los impagos cuando el desahucio se suspenda, con un plazo de dos meses para el cobro.
