El TC revisa hoy los recursos de los independentistas; Puigdemont podría volver a Cataluña sin causas penales si se aprueba el amparo
Jordi Turull podría beneficiarse de la ley de amnistía tras el rechazo del Tribunal Constitucional a la interpretación del Tribunal Supremo, que bloqueó la aplicación de la norma para los líderes del procés. Hoy, el TC ha iniciado el debate sobre los recursos de amparo presentados por los independentistas, con una mayoría progresista que se opone al criterio del magistrado José María Macías, ponente de la ponencia que avalaba la postura del Supremo. La decisión podría permitir que Carles Puigdemont y otros exconcejales expatriados —como Oriol Junqueras— regresen a Cataluña sin causas penales pendientes.
La ley de amnistía, aprobada en junio de 2024, exoneraba a los líderes independentistas de las causas abiertas por organizar el procés, a cambio del apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez para su investidura. Sin embargo, el Tribunal Supremo interpretó que Puigdemont y otros exconcejales se enriquecieron ilícitamente al usar fondos públicos para el referéndum del 1-O, lo que les impedía acogerse a la amnistía. El Constitucional revisa ahora si esa interpretación es válida o si, por el contrario, debe aplicarse la ley tal como fue aprobada.
El debate comenzó con el caso de Turull, cuyo ponente, Macías, defendió la postura del Supremo. Fuentes del TC confirmaron que la mayoría progresista —que incluye a magistrados como Cándido Conde Pumpido, presidente del tribunal— rechaza el criterio de Macías. Según documentos internos, la mayoría argumenta que la interpretación del Supremo «no es sorpresiva ni caprichosa», sino que se ajusta a la doctrina sobre malversación. Sin embargo, el texto de la ponencia aún se retoca para incorporar estos argumentos.
El siguiente paso será el pleno del 6 de octubre, donde se estudiará la ponencia de Conde Pumpido sobre el caso de Dolors Bassa, otra exconsellera independentista. El TC analizará dos bloques: quienes ya están condenados por el Supremo (como Junqueras) y reclaman la amnistía para eliminar su inhabilitación, y quienes aún no han sido juzgados, como Puigdemont, que lleva nueve años en Bélgica.
Si el Constitucional avala el amparo, el juez Pablo Llarena, instructor del caso, debería levantar la orden de detención europea contra Puigdemont, permitiéndole regresar a Cataluña sin riesgos penales. Fuentes del Supremo ya advierten de que Llarena no debe esperar a la decisión final del TC para actuar, lo que aceleraría el proceso.
El precedente legal: ¿Por qué el Supremo bloqueó la amnistía?
El Tribunal Supremo argumentó que Puigdemont y otros exconcejales obtuvieron un beneficio económico al organizar el 1-O con fondos públicos. Según su interpretación, si no hubieran usado dinero de la Generalitat, habrían tenido que invertir su patrimonio personal, lo que constituiría un enriquecimiento ilícito. Esta tesis, sin embargo, choca con la letra de la ley de amnistía, que solo excluye a quienes se enriquecieron «de forma directa y personal» con el dinero público.
El Constitucional deberá determinar si la interpretación del Supremo es conforme a la Constitución o si, por el contrario, vulnera el principio de legalidad. La decisión podría sentar un precedente para otros casos de corrupción política, donde los tribunales han aplicado criterios similares para negar beneficios legales.
Reacciones políticas: Junts celebra el avance, pero advierte de la «politización de la justicia»
Jordi Turull, secretario general de Junts per Cataluña y uno de los afectados por la decisión del Supremo, celebró la postura del Constitucional, aunque mantuvo prudencia. «Por fin hay una desautorización absoluta del Tribunal Constitucional a los jueces que han preferido hacer activismo político en lugar de cumplir la ley», declaró. Sin embargo, advirtió que «el Tribunal Supremo nos lo podemos esperar todo» y que la aplicación plena de la amnistía solo llegará cuando Puigdemont y otros exiliados puedan regresar sin obstáculos.
Turull también criticó que Macías, el ponente conservador del caso, hubiera sido recusado durante la tramitación de la ley de amnistía por falta de imparcialidad, pero ahora esté decidiendo sobre su aplicación. «Esta decisión llega muy tarde», añadió, recordando que «hay familias y personas que pagan las consecuencias» de la no aplicación de la norma.
El caso refleja la tensión entre el poder judicial y el político en Cataluña. Mientras el Gobierno central y los independentistas buscan cerrar el capítulo del procés, los tribunales siguen interpretando la ley con criterios que, según los afectados, responden más a motivaciones políticas que jurídicas.
La decisión del Constitucional podría tener implicaciones más allá de Cataluña. Si se confirma el amparo, otros casos de corrupción política —como los relacionados con el 11-M, el 17-A o la trama Gürtel— podrían revisarse bajo criterios similares, abriendo un debate sobre la independencia judicial y el papel de los tribunales en conflictos políticos.
El plazo para una resolución definitiva es ajustado: si el TC avala el amparo, Puigdemont podría regresar a Cataluña antes de que acabe el año. Sin embargo, la cautela de los independentistas refleja el escepticismo sobre si los tribunales aplicarán la ley con la misma celeridad que la aprobaron.
