La Comisión Europea calcula que el reconocimiento costaría 132 millones de euros anuales
La oficialidad del catalán en la Unión Europea sigue siendo un objetivo alcanzado para el independentismo catalán, pese a los intentos realizados durante los últimos nueve años. La última vez que la cuestión estuvo en el orden del día fue en mayo de 2025, y ni siquiera se sometió a votación.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha intentado convencer a sus socios por todas las vías posibles. Sin embargo, una decisión de tal impacto para el funcionamiento diario de la UE requiere unanimidad, y Alemania, Finlandia, Suecia, Croacia, Francia y Austria han expresado reticencias ante las posibles implicaciones legales y presupuestarias de la decisión.
Reservas de los socios europeos
Un informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE apuntaba a que tendrían que modificarse los tratados para reconocer las lenguas cooficiales, una cuestión que es extremadamente sensible entre los veintisiete. Además, de reconocerse el catalán, el euskera y el gallego, sería la primera vez que lenguas cuyo uso no es de ámbito nacional son aceptadas como idiomas oficiales de la UE.
Entre los países que se oponen, Alemania ha expresado preocupaciones sobre las posibles implicaciones legales de la decisión, mientras que Finlandia y Suecia han destacado las posibles consecuencias presupuestarias. Croacia, por su parte, ha señalado que el reconocimiento de las lenguas cooficiales podría sentar un precedente para el reconocimiento de otras lenguas minoritarias en la UE.
La importancia de la medida
La oficialidad del catalán en la Unión Europea no solo sería simbólica. Aparte de equiparar los derechos de los catalanohablantes con los de los hablantes de las demás lenguas oficiales de la UE y dar visibilidad y prestigio internacional a la lengua, el catalán pasaría automáticamente a estar incluido en toda la normativa europea que hace referencia a las lenguas oficiales.
Además, el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE podría sentar un precedente para el reconocimiento de otras lenguas minoritarias, como el bretón, el corso o incluso el ruso, dada la importancia de la comunidad ruso hablante en los países bálticos.
La Comisión Europea calcula que la factura de traducción e interpretación a estas lenguas podría ascender a los 132 millones de euros anuales, lo que podría generar preocupaciones económicas entre los Estados miembros.
Fuente: El Periódico
