El alcalde denuncia que el Gobierno central desestimó sus peticiones de emergencia y mando único solo 24 horas antes del colapso
Juan Jesús Vivas, alcalde y presidente de Ceuta, ha acusado al Gobierno central de ignorar sus advertencias sobre una «invasión» migratoria inminente. En una entrevista en *El Hormiguero*, Vivas detalló que, aunque la ciudad ya registraba un aumento «secuenciado» de llegadas —de 180 a 800 menores no acompañados en una semana—, Moncloa minimizó los riesgos hasta el día previo al colapso del 27 de julio.
El alcalde explicó que solicitó activar la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia y establecer un mando único para las fuerzas de seguridad. Según su versión, el jefe de gabinete de Moncloa le respondió que «no pasaba nada» y que el delegado del Gobierno en Ceuta asumiría el control. «Al día siguiente, desgraciadamente, tuvimos la invasión», declaró Vivas, refiriéndose a la llegada masiva de más de 5.000 personas en menos de 24 horas.
La Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015), activable por el Gobierno en situaciones de «grave riesgo o alteración grave del orden público», permite desplegar medios militares y reforzar la seguridad fronteriza. Su aplicación en Ceuta habría implicado coordinar a Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército bajo un único mando, algo que Vivas reclama ahora como «imprescindible» para evitar repeticiones. El texto fuente no especifica si el Gobierno activó la ley tras los hechos, pero sí confirma que el alcalde insistió en su necesidad antes del colapso.
El conflicto institucional trasciende lo migratorio: Ceuta depende del Estado en seguridad y del Gobierno autonómico en acogida de menores, una división de competencias que Vivas critica como «falta de comunicación». La ciudad autónoma, con una población de 85.000 habitantes, ha visto cómo su capacidad de acogida —limitada a 1.500 plazas en centros oficiales— se ha colapsado, según datos que el alcalde citó en la entrevista. La sensación de «inestabilidad» entre la población persiste, según el texto fuente, mientras se esperan medidas concretas.
El Gobierno central no ha respondido públicamente a las acusaciones de Vivas. La delegación del Gobierno en Ceuta, dependiente del Ministerio del Interior, es la encargada de coordinar las operaciones de seguridad en la ciudad. El texto fuente no menciona reacciones de otros partidos políticos, pero el contexto de tensión entre instituciones —ya visible en declaraciones previas de Vox y PP— podría agravarse con estas nuevas acusaciones.
