La ciudad autónoma alerta de riesgos ambientales en playas, montes y espacios naturales tras la ocupación irregular
Ceuta ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) medidas urgentes para recuperar 20 zonas afectadas por la crisis migratoria, entre playas, montes y espacios naturales, donde se acumulan residuos y se alteran hábitats protegidos. El informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la ciudad documenta riesgos de salubridad y degradación ambiental en áreas como El Trampolín, Benítez y montes ceutíes, donde asentamientos irregulares impiden labores de restauración.
La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno ceutí exige al MITECO que ejerza sus competencias para recuperar el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y desalojar definitivamente los asentamientos, especialmente en playas ocupadas. También reclama refuerzo del SEPRONA para vigilancia y asignación de fondos para restaurar los espacios una vez erradicados los asentamientos, cuya permanencia bloquea evaluaciones definitivas de daños.
El marco legal aplicable incluye la Ley de Costas y normativas autonómicas sobre protección ambiental, pero la ciudad autónoma subraya que la situación actual —con ocupaciones consolidadas— impide actuar con garantías. La solicitud al MITECO, formalizada en un comunicado, destaca que la degradación ambiental avanza mientras persisten los asentamientos, afectando a infraestructuras esenciales y especies protegidas.
El MITECO, competente en gestión de espacios naturales y protección del litoral, no ha respondido aún a la reclamación. La crisis en Ceuta, agravada por la llegada masiva de migrantes en mayo, ha pensionado también la gestión de residuos y la seguridad en zonas verdes, según datos de la Dirección General de Medio Ambiente.
Para garantizar una respuesta eficaz, la Consejería solicita que el MITECO coordine con las administraciones locales y autonómicas responsables de la gestión de residuos y la protección de la naturaleza, y que aumente el número de efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en la zona. Esta coordinación permitiría una vigilancia más estrecha de los asentamientos y una intervención rápida ante posibles nuevas ocupaciones o daños a la biodiversidad.
