El consejero de Presidencia Alberto Gaitán denuncia que el sistema local, diseñado para 29 plazas, colapsa con más de 1.600 menores filiados
El consejero de Presidencia y responsable de Menores de Ceuta, Alberto Gaitán, ha exigido al Gobierno central que asuma la gestión de los menores no acompañados que entraron en la ciudad autónoma durante la crisis migratoria de julio. Gaitán afirma que la cifra de 5.000 migrantes mencionada por el presidente Pedro Sánchez «no se la cree nadie» y asegura que, solo en menores, la administración local ya supera los 4.000, una cantidad «inmanejable» para sus servicios sociales.
El sistema de protección de Ceuta está diseñado para atender a 29 menores, y se considera situación de «contingencia migratoria extraordinaria» cuando se triplica esa capacidad, es decir, al alcanzar los 87. Sin embargo, a día de hoy hay más de 1.600 menores filiados, una cifra que, según las autoridades ceutíes, es menos de la mitad de los que realmente se encuentran en la ciudad en una situación descontrolada.
Gaitán argumenta que la competencia de protección de menores fue transferida a Ceuta para gestionar una presión migratoria «razonable», no para afrontar una «invasión». El equipo del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha llegado a estudiar la posibilidad de devolver esta competencia al Estado, un proceso que requeriría incluso modificar el Estatuto de Autonomía.
Desde hace una semana, tanto Gaitán como Vivas han reclamado al Gobierno central que asuma la tutela de los menores, especialmente de aquellos que entraron en los días previos y durante el asalto migratorio. La propuesta ya ha llegado a la mesa de la ministra de Juventud e Infancia, pero, de momento, solo han recibido como respuesta que el ministerio «está analizando la situación».
Mientras, los albergues temporales siguen desbordados y los colegios, que llegaron a acoger a menores, ya se han desocupado como medida de emergencia. Gaitán insiste en que Ceuta no puede hacerse cargo de una situación que califica como «anómala e inadmisible».
Para facilitar la gestión, se aprobó un Decreto Ley que permite la transferencia de menores a otras comunidades autónomas. Este mecanismo, sin embargo, se ha visto limitado por la falta de coordinación entre el gobierno local y el central, lo que ha retrasado la implementación de soluciones a gran escala.
Fuente: La Razón
