La Junta acusa al Gobierno de «dejadez» y cita el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería para evitar colapso en acogidas
Castilla y León activará acuerdos con países de origen para repatriar a sus familias a los 164 menores extranjeros no acompañados (menas) que tutela actualmente, un 26% más de las 130 plazas disponibles en sus centros de acogida. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriego, portavoz de la Junta, anunció hoy que explorarán esta vía tras denunciar la «inacción» del Gobierno central, que según su criterio debería liderar la gestión de la crisis.
La medida se sustenta en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite a las comunidades autónomas establecer convenios con los países de origen de estos menores para facilitar su regreso. La norma exige garantizar su protección y un seguimiento posterior, pero Fernández Carriego evitó detallar el estado de las negociaciones hasta que se autoricen los traslados. La Junta justifica la urgencia: sus centros operan al 126% de su capacidad, con 34 plazas menos de las necesarias.
El portavoz autonómico vinculó la decisión a la crisis de Ceuta, donde las comunidades asumieron el peso de la gestión mientras el Gobierno central «no actúa». «No nos vamos a quedar parados», advirtió, recordando que la ley también obliga a priorizar la reunificación familiar cuando sea «mejor para el menor». En agosto, Castilla y León registró un 19,7% más de afiliados extranjeros (121.517), cinco puntos por encima de la media nacional, pero subrayó que su política se centra en la «emigración legal y ordenada», no en la acogida forzosa.
La Junta realizará «análisis individualizados» para cada menor antes de cualquier repatriación, aunque no precisó si consultarán su voluntad. Fernández Carriego insistió en que los menas «están mejor con sus familias», una postura que choca con la línea del Gobierno, que defiende su integración en España. La comunidad autónoma, con 130 plazas de acogida, supera en 34 el número actual de menores bajo su tutela, una cifra que podría dispararse si no se activan soluciones.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha reaccionado públicamente, pero la medida de Castilla y León podría escalar el conflicto con las autonomías. La ley que cita la Junta —aprobada en 2009— ya se usó en 2018 para repatriar a 12 menores a Marruecos, pero entonces sin el volumen actual de solicitudes. Fernández Carriego evitó mencionar costes, pero fuentes internas calculan que cada repatriación podría superar los 5.000 euros por trámite administrativo y logístico.
