La Junta de Vox-PP impugnará judicialmente cualquier traslado entre autonomías y considera a Marruecos ‘país seguro’ para su devolución
La Junta de Castilla y León (PP-Vox) rechaza el reparto de los 164 menores extranjeros no acompañados que tutela y explorará acuerdos bilaterales con sus países de origen para repatriarlos, bajo el argumento de que «están mejor con sus familias».
El Gobierno autonómico, dirigido por el consejero de Familia Carlos Pollán (Vox), insiste en que su capacidad de acogida —con solo 130 plazas disponibles— lleva «meses sobrepasada y colapsada», lo que justifica su oposición a cualquier distribución entre comunidades. La Junta ya ha anunciado recursos judiciales contra la nueva normativa estatal que asigna a Castilla y León 800 plazas para estos menores, y planea impugnar «todos los expedientes individuales» que no terminen con su retorno.
La estrategia se enmarca en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite a las autonomías firmar acuerdos con países de origen para garantizar el seguimiento de los menores. La Junta considera que Marruecos —calificado como «país seguro» por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo— es una opción viable para su devolución, algo que contrasta con la crisis migratoria en Ceuta, donde el Gobierno central ha sido acusado por la Junta de no ejercer su «competencia exclusiva» en la gestión de los menores.
Según datos de la Consejería, la sobreocupación de las plazas de acogida en Castilla y León alcanza un 26 %, cifra que se sitúa por debajo de las más de 800 plazas que la nueva normativa estatal vincula a la comunidad para responder al mecanismo de acogida y distribución de menores entre las diferentes autonomías. Este déficit ha llevado a la Junta a plantear recursos judiciales y a insistir en que la única opción respetuosa con la Justicia y con el interés del menor es el retorno a sus países de origen.
En el contexto de la crisis vivida en Ceuta en las últimas semanas, la Consejería ha señalado que el Gobierno central no ha ejercido correctamente su competencia exclusiva, argumentando que debía haber resuelto un expediente individualizado de retorno y reunificación. Por ello, la Junta sostiene que no tiene fundamento trasladar a menores a otra Comunidad autónoma (desde Ceuta) para que esta asuma las consecuencias de una competencia estatal todavía no ejercida o no concluida, tal como se refleja en la respuesta escrita enviada por este departamento.
