El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anuncia acciones legales por considerar que la medida del Gobierno central vulnera competencias autonómicas
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriego, ha anunciado este jueves que el gobierno autonómico de coalición PP-Vox presentará recursos judiciales si el traslado de 500 menores extranjeros desde Ceuta a otras comunidades autónomas perjudica los intereses de la región. La medida, impulsada por el Gobierno central, busca distribuir a estos menores, procedentes de países africanos, entre las autonomías.
Carriego, que también ocupa el cargo de consejero de Economía y Hacienda, ha calificado la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez como un «fracaso» y ha asegurado que su gobierno mantendrá una «oposición radical» a cualquier acción que no cuente con su consentimiento. «Estamos ante un problema de seguridad nacional y de control de fronteras», ha declarado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en Valladolid.
El portavoz ha subrayado que esta postura es coherente con el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, aunque ha recordado que ya en la anterior legislatura, cuando el PP gobernaba en solitario, la Junta recurrió medidas similares del Gobierno central. En esta ocasión, el Ejecutivo autonómico explorará la viabilidad legal de impugnar el traslado de menores a territorios cuya tutela corresponde a otras autonomías, alegando una posible vulneración de competencias.
La decisión del Gobierno central afecta a menores no acompañados, un colectivo cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas. Castilla y León, como otras regiones gobernadas por el PP, ha mostrado históricamente resistencia a asumir cuotas de acogida, argumentando falta de recursos o discrepancias con la política migratoria estatal. El anuncio de Carriego se produce en un contexto de tensión política, donde la inmigración irregular se ha convertido en un tema central de confrontación entre el Gobierno y las autonomías conservadoras.
El portavoz no ha detallado plazos para la presentación de los recursos, pero ha insistido en que la prioridad es «garantizar el retorno» de las personas que han entrado irregularmente en España a sus países de origen, sin distinguir entre menores y adultos. Esta postura choca con el marco legal español, que establece protecciones específicas para los menores extranjeros no acompañados, independientemente de su situación administrativa.
