Mónica García comparecerá en el Congreso para explicar los contratos con clínicas privadas en Ceuta tras la llegada de 72.000 migrantes
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, mantiene contratos con proveedores privados en Ceuta —como la clínica Séptum para servicios de psiquiatría— mientras impulsa una reforma legal para restringir la externalización en el Sistema Nacional de Salud (SNS). La polémica surge tras la llegada de al menos 72.000 migrantes a la ciudad autónoma desde finales de julio, que ha incrementado un 50% las urgencias sanitarias, según datos del Gobierno.
Ingesa, organismo dependiente de Sanidad y responsable de la sanidad en Ceuta y Melilla, gestiona estos contratos pese a que el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS —aprobado por el Consejo de Ministros— establece la gestión directa como fórmula prioritaria y limita las externalizaciones. El PP y el Sindicato Médico de Ceuta (SMC) han criticado la contradicción: mientras García ha cuestionado públicamente modelos como el madrileño, basado en colaboración público-privada, su departamento recurre a estas fórmulas en territorios bajo su gestión directa.
La presión asistencial en Ceuta ha reavivado el debate. El Ministerio reconoció 5.800 atenciones a migrantes en dos semanas, pero negó el «colapso» que denuncian el SMC y sectores sanitarios locales, que califican la situación de «catástrofe asistencial». Entre 2020 y 2026, Ingesa ha gastado 31 millones de euros en externalizaciones en Ceuta —incluyendo pruebas como ecografías o TAC— y otros 19 millones en Melilla, según informaciones publicadas.
García comparecerá el próximo viernes en el Congreso para explicar la respuesta sanitaria a la crisis migratoria. La sesión abordará los recursos movilizados por Ingesa, las condiciones laborales de los profesionales y las medidas para atender a los 9.000 migrantes que aún permanecen en Ceuta. El PP ha exigido transparencia sobre los criterios que permiten externalizar servicios en Ceuta mientras se promueve su restricción en el resto del SNS.
La reforma impulsada por Sanidad exige evaluaciones previas y mayores controles para externalizar servicios, pero no prohíbe estos contratos en situaciones excepcionales. El Ministerio defendió el acuerdo con Séptum como un «recurso complementario» para garantizar la continuidad asistencial, aunque el SMC lo atribuye a «carencias estructurales» en planificación y personal.
