La norma elimina las incompatibilidades entre prestaciones, reconoce la teleasistencia como derecho y obliga al Estado a pagar el 50% del SAAD.
El Congreso aprobó este 16 de septiembre la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. La nueva normativa cambia la forma de acceder a las ayudas y refuerza los derechos de los usuarios. El texto pone el foco en la autonomía, la atención personalizada y la permanencia en el entorno habitual.
Uno de los cambios centrales está en el sistema de dependencia. La reforma elimina el régimen de incompatibilidades. Hasta ahora, una persona no podía combinar varias prestaciones a la vez. Con la nueva norma, podrá mezclarlas según sus necesidades.
La asistencia personal también se amplía. Deja de estar limitada al ámbito educativo o laboral. Pasa a orientarse a la promoción de la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad.
El servicio de ayuda a domicilio crece en alcance. Ya no tendrá que limitarse al interior de la vivienda. Podrá usarse para acompañar al usuario dependiente a actividades básicas, como ir al médico o al supermercado.
La teleasistencia pasa a reconocerse como un derecho subjetivo. Eso hace que llegue a más personas. La reforma busca además que este servicio evite o retrase la institucionalización del dependiente.
La norma reconoce la figura de la persona cuidadora principal. La complementa con la de cuidador no profesional. Así, personas del entorno pueden asumir estos cuidados aunque no exista vínculo familiar. La ley garantiza que la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales. También asegura la continuidad de los cuidados si la cuidadora sufre una enfermedad grave o es hospitalizada.
El plazo máximo para resolver el reconocimiento de la dependencia se reduce de 6 a 3 meses. Y la reforma incorpora una obligación económica para el Estado. La Administración General del Estado deberá asumir el 50 % de la financiación del SAAD, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Los cambios en discapacidad: menos trámites y accesibilidad
En discapacidad, la reforma introduce varias mejoras para reducir la burocracia. Se reconocerá automáticamente un 33 % de discapacidad a quienes tengan un grado I de dependencia. El reconocimiento será del 65 % para quienes obtengan un grado II o III.
La atención temprana queda fijada por ley como derecho subjetivo. Esto obliga a los gobiernos autonómicos a atender a todos los menores de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo o riesgo de desarrollarlo. La atención no dependerá de la disponibilidad presupuestaria ni de plazas.
La accesibilidad universal se reconoce como derecho. Podrá exigirse en servicios o en edificios públicos. Se crea un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar intervenciones. Entre ellas, instalar rampas para sillas de ruedas o crear audiodescripciones. Las comunidades de propietarios tendrán acceso a ayudas para obras de accesibilidad en sus edificios de viviendas.
La reforma prohíbe que los seguros de hogar o de salud suban el precio cuando quien quiere contratarlos tiene una discapacidad. También regula la figura de un facilitador procesal. Su función es evitar la indefensión en procesos judiciales de personas con dificultades de comprensión o comunicación.
El SAAD y el reparto de costes entre administraciones
El SAAD es el sistema público que articula las prestaciones y servicios de dependencia en España. Su financiación combina aportaciones de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. La reforma fija ahora por ley que el Estado asuma el 50 % de esa financiación. El cambio busca dar estabilidad al sistema y repartir la carga entre administraciones.
La eliminación de las incompatibilidades afecta a los usuarios que hasta ahora debían elegir entre prestaciones. La teleasistencia como derecho subjetivo amplía la cobertura más allá de la disponibilidad presupuestaria. La atención temprana como derecho subjetivo tiene el mismo efecto en el ámbito autonómico.
El calendario de la reforma y su tramitación
La reforma fue aprobada en el Congreso el 16 de septiembre. Su tramitación parlamentaria culminó con el respaldo de la Cámara. La norma modifica dos leyes distintas: la de dependencia y la de discapacidad. Ambas regulan derechos subjetivos y prestaciones públicas.
La reducción del plazo de resolución de 6 a 3 meses afecta a los expedientes de reconocimiento de dependencia. La nueva norma también regula la figura del cuidador no profesional. Esto amplía el círculo de personas que pueden asumir cuidados sin vínculo familiar.
La reforma se apoya en dos ejes que recorren todo el texto: la autonomía personal y la permanencia en el entorno habitual. Ambos principios guían medidas como la ampliación de la asistencia personal, la ayuda a domicilio fuera de la vivienda o el uso de la teleasistencia para retrasar el ingreso en residencias. El objetivo declarado es que la persona dependiente pueda seguir viviendo en su casa con los apoyos necesarios.
El reconocimiento automático de grados de discapacidad a partir del grado de dependencia también responde a ese enfoque. Al vincular ambos sistemas, se evita que el usuario tenga que iniciar dos procedimientos distintos para acreditar su situación. La norma busca así que los derechos de dependencia y discapacidad avancen de forma coordinada y no como compartimentos separados.
