Gaspar Zarrías recurre la decisión al considerar que solo debe analizarse la cuenta vinculada a los 16.000 euros pagados a la exmilitante socialista en 2024
El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha rechazado limitar el análisis de cuentas bancarias solo a las vinculadas al pago de 16.000 euros a la exmilitante socialista Leire Díez en 2024. En su auto, el magistrado ordena rastrear hasta 81 cuentas del PSOE, su exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Tejelo, investigados por presuntas maniobras para boicotear causas judiciales.
Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía y argumenta que no puede descartarse que los fondos hayan transitado entre cuentas de las mismas personas o sociedades. La investigación apunta a un sistema de financiación oculto desde 2021, con recursos del PSOE gestionados por su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, para proteger al Gobierno y al partido de investigaciones judiciales. El juez considera «indispensable» analizar todas las cuentas para identificar responsables y financiadores.
Zarrías, quien solo reconoce haber contratado a Díez en 2024 para un trabajo que luego canceló, recurre la decisión. Su defensa sostiene que el rastreo de sus cuentas es «absurdo» y pide limitarlo a la cuenta usada para pagar a Díez. Según su versión, la exmilitante le entregó un pendrive sin pruebas concluyentes sobre el caso ERE, lo que llevó a la rescisión del contrato en septiembre de 2024.
La investigación, que incluye una pieza económica separada, busca evitar que los datos se mezclen con el resto de la causa. El juez ya había rechazado tres recursos previos contra el requerimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ampliar el análisis.
El auto de Pedraz también destaca que la UCO solicitó analizar más cuentas por qué no se podía descartar que los importes hubieran sido transferidos entre distintas cuentas de la misma persona física o jurídica, lo que reforzaría la necesidad de un rastreo exhaustivo. Además, el juez subraya que la presunta organización operaba desde 2021 y que su radio de actuación se había ampliado más allá de la contratación pública, abarcando delitos de corrupción y contra la Administración de Justicia.
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