El Sindicato de Inquilinas mantiene su protesta por contratos indefinidos mientras Almeida y Ayuso acusan al Gobierno de dejación de funciones
La Puerta del Sol de Madrid acoge este domingo una segunda noche de acampada convocada por el Sindicato de Inquilinas, que exige al Gobierno de Pedro Sánchez contratos indefinidos para inquilinos. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, gobernados por José Luis Martínez-Almeida (PP) e Isabel Díaz Ayuso (PP), respectivamente, han acusado al Ministerio del Interior de «dejación de funciones» por no desalojar la protesta, que se ha instalado tras una manifestación por la vivienda.
Ambas administraciones madrileñas reclaman que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska «reponga la normalidad» en la plaza, recordando el precedente del 15-M (2011), cuando la Delegación del Gobierno coordinó los desalojos. Fuentes municipales señalan que la manifestación no siguió el recorrido autorizado y sugieren que la retirada de la Policía Nacional pudo ser «deliberada» para permitir la acampada. El Ayuntamiento exige explicaciones por la ausencia de intervención policial durante el inicio de la protesta.
La Comunidad de Madrid va más allá y califica de «ilegal» la actuación de Interior, argumentando que la responsabilidad del desalojo corresponde a la Policía Nacional, no a la municipal. Fuentes del Gobierno regional acusan a Marlaska de «lavarse las manos» y critican a Sánchez por «buscar culpables» en lugar de soluciones. La tensión institucional se agrava mientras el Sindicato de Inquilinas mantiene su movilización, que podría prolongarse hasta que se cumplan sus demandas.
El conflicto refleja la división de competencias entre administraciones: mientras el Ayuntamiento y la Comunidad exigen acción inmediata, el Gobierno central argumenta que la gestión corresponde a Interior. La acampada, que supera las 24 horas, se convierte así en un símbolo de la crisis de coordinación entre niveles de gobierno en un tema clave como la vivienda.
