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Lun. Sep 28th, 2026
Madrid exige al Gobierno desalojar la acampada ilegal de Sol tras la marcha de la Policía
EFE (a través de The Objective)
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El Ayuntamiento acusa a la Delegación del Gobierno de «dejación de funciones» y exige explicaciones sobre la retirada policial

El Ayuntamiento de Madrid ha exigido este domingo a la Delegación del Gobierno «reponer cuanto antes la normalidad» en la Puerta del Sol, donde cientos de personas acamparon anoche tras la manifestación por el derecho a la vivienda. El consistorio considera la ocupación «ilegal» y acusa a la Delegación de «permitir que ocurriera», al tiempo que reclama una explicación sobre la retirada de la Policía Nacional de sus puestos.

La acampada, que se produjo tras el fin de la protesta convocada por plataformas sociales, ha generado una crisis de orden público en el centro de Madrid. El Ayuntamiento recuerda que en 2011, durante el 15M, la Delegación del Gobierno coordinó los desalojos, y ahora exige que asuma su responsabilidad. «Es a la Delegación a quien le corresponde el control del orden público», señala el comunicado, que añade que la situación «no fue autorizada» por los organizadores.

El consistorio madrileño, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su «sorpresa e indignación» por la ocupación y ha acusado al Gobierno central de «falta de diligencia» o incluso de una «decisión deliberada» para permitir la acampada. La retirada policial, según el Ayuntamiento, ocurrió cuando comenzaron los asentamientos ilegales, lo que ha llevado a exigir al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno una respuesta clara sobre si hubo una orden directa para abandonar los puestos.

La Puerta del Sol, símbolo histórico de protestas en España, se ha convertido en el epicentro de un conflicto institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno central. Mientras el consistorio insiste en que la ocupación es ilegal y reclama su desalojo inmediato, la Delegación del Gobierno aún no ha respondido públicamente a las acusaciones. La situación refleja tensiones crecientes entre administraciones en la gestión de protestas sociales, especialmente en temas como el derecho a la vivienda, donde las movilizaciones se han intensificado en los últimos meses.

Fuente: EFE (a través de The Objective)

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