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Lun. Sep 28th, 2026

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación al exalcalde de Navalcarnero por fraccionar facturas

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Baltasar Santos (PP) enfrenta un delito continuado de prevaricación por un esquema que duró tres años y afectó a contratos públicos

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos (PP), por un presunto delito continuado de prevaricación. La acusación se basa en la adquisición fraudulenta de antigüedades durante tres años, pagadas con facturas fraccionadas por debajo del límite legal de 18.000 euros para contratos menores.

El esquema, según la Fiscalía, consistía en dividir pagos para evitar superar el umbral legal y así eludir trámites de licitación pública. El caso se enmarca en la Ley de Contratos del Sector Público, que exige transparencia en compras superiores a ese límite. Santos, afiliado al PP, ejerció como alcalde entre 2015 y 2019, un periodo en el que el municipio madrileño de Navalcarnero (con 22.000 habitantes) gestionó contratos con proveedores externos.

La prevaricación imputada —un delito tipificado en el Código Penal— implica el uso abusivo del cargo para beneficiar intereses privados. El caso podría sentar un precedente sobre cómo los ayuntamientos fraccionan gastos para esquivar controles. La sentencia, aún pendiente, podría afectar a otros casos similares en municipios pequeños, donde los límites de contratación son más bajos y el riesgo de irregularidades mayor.

El PP de Navalcarnero no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso. Sin embargo, la Fiscalía ha destacado que las facturas fraudulentas se extendieron durante tres años consecutivos, lo que agrava la gravedad del presunto delito. La investigación, en fase avanzada, podría derivar en una condena que incluya además multas económicas.

El expediente, presentado el 28 de septiembre de 2026 a la 01:30h, fue remitido por el Ministerio Público a la Fiscalía Provincial de Madrid. La acusación de prevaricación continuada se fundamenta en la repetición de actos ilícitos a lo largo de los tres años, lo que eleva la gravedad del delito y justifica la solicitud de inhabilitación por una década.

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