El PP y el presidente ceutí rechazan el traslado de 500 niñas a la Península, una medida que el Gobierno considera legal y urgente
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, exigen la expulsión inmediata de todos los menores migrantes que entraron en la ciudad autónoma durante la llegada masiva del 30 y 31 de julio, que supera los 3.000, incluyendo a 500 niñas especialmente vulnerables.
Ambos rechazan el plan del Gobierno de trasladar a estas menores a la Península mientras se resuelve su situación, una medida que el Ministerio de Juventud e Infancia ya tenía preparada. La titular del departamento, Sira Rego, calificó la propuesta del PP de «ilegal» y «una barbaridad», recordando que la ley del menor prohíbe las deportaciones masivas y que la Fiscalía de Menores exige garantizar el «bien superior del menor».
Ceuta, que tiene la competencia en acogida, pero carece de capacidad para gestionar la crisis, alberga actualmente a cerca de 3.000 menores en instalaciones saturadas, cuando su límite legal es de 30. La mayoría duerme en la calle, y los servicios sociales han detectado casos de niñas con amenazas de suicidio si son devueltas a Marruecos. El Gobierno ofrece financiar plazas de acogida en la Península, pero necesita la colaboración de Ceuta, que tiene la tutela legal de los menores.
Feijóo y Vivas argumentan que la entrada masiva fue una «invasión» y que Marruecos debe hacerse cargo de sus ciudadanos, aunque no detallan cómo ejecutarían las expulsiones sin violar la ley. El PP podría bloquear en la Comisión Interterritorial los 25 millones de euros que el Gobierno destina a esta emergencia, aunque fuentes del Ejecutivo confían en que no lleguen a ese extremo. La tensión política se agrava tras la condena a nueve años de inhabilitación a la anterior delegada del Gobierno y una consejera ceutí por devolver a 500 menores en 2021.
La legislación europea, que España ha rechazado, permite devolver a menores incluso en contra de su voluntad, pero el Gobierno insiste en que la normativa española es más estricta y prioriza su protección. Feijóo llegó a sugerir que la presencia de migrantes pone en riesgo a las niñas ceutíes, una afirmación que Rego tachó de «racista» y alineada con Vox.
