Los populares presentan 20 preguntas en el Senado sobre el crecimiento del CERA, que alcanza los 492.076 votantes en la región, duplicando el ritmo de Barcelona
El Partido Popular ha registrado esta semana en el Senado una batería de veinte preguntas escritas al Gobierno para investigar el incremento del 30,4% en el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) en la Comunidad de Madrid desde mayo de 2023, que sitúa el total en 492.076 electores.
El portavoz adjunto del PP en la Cámara Alta y secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, solicita al Ejecutivo que detalle las causas de este crecimiento, que los populares califican de «especialmente llamativo». En concreto, piden desglosar cuántas de las 114.815 nuevas inscripciones corresponden a adquisiciones de nacionalidad amparadas por la Ley de Memoria Democrática y cuántas obedecen a otros motivos, como cambios de provincia o correcciones administrativas. El PP también cuestiona por qué el ritmo de aumento en Madrid duplica al de Barcelona, sin que la fuente aporte datos comparativos de otras comunidades.
Las preguntas incluyen demandas sobre los criterios de asignación de municipio por arraigo, los controles de la Oficina del Censo Electoral y las diferencias entre consulados en la gestión de inscripciones. Además, los populares exigen explicaciones sobre los mecanismos para depurar duplicidades, fallecimientos o errores en el censo, así como sobre las reclamaciones presentadas hasta la fecha. Fuentes del partido subrayan que no cuestionan el derecho al voto de los residentes en el extranjero, pero insisten en que el censo debe ser «fiable, verificable y correctamente asignado».
El paquete de preguntas también aborda las medidas que el Gobierno prevé adoptar tras el voto particular de cuatro vocales de la Junta Electoral Central, que alertaron sobre irregularidades en la incorporación de nuevos electores al censo. Este órgano, responsable de supervisar los procesos electorales, carece de competencias ejecutivas, pero sus informes pueden servir de base para reformas legales o ajustes administrativos. La Ley de Memoria Democrática, que facilita la nacionalidad a descendientes de exiliados, entró en vigor en octubre de 2022 y ha impulsado un aumento generalizado del CERA, aunque el PP centra su atención en la disparidad entre territorios.
La Comunidad de Madrid concentra el mayor número de nuevos inscritos en términos absolutos, pero el texto fuente no especifica si este crecimiento responde a factores demográficos, como una mayor concentración de descendientes de exiliados en la región, o a diferencias en la gestión administrativa entre comunidades autónomas. El Gobierno dispone de un plazo de veinte días hábiles para responder a las preguntas parlamentarias, aunque este tipo de solicitudes suele alargarse en la práctica.
