Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, defiende que el «interés superior del menor» es permanecer con su familia
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP), Juan Bravo, ha puesto en duda el plan del Ministerio de Infancia y Juventud para trasladar a 500 niñas inmigrantes no acompañadas desde Ceuta hasta la Península. En declaraciones recogidas este 19 de agosto, Bravo argumentó que «el interés superior del menor […] es estar con su familia», sin especificar si estas menores cuentan con familiares en España o en sus países de origen.
El Ministerio, dirigido por la ministra Sira Rego, trabaja en un protocolo para distribuir a estos menores en distintas comunidades autónomas, aunque aún no ha detallado plazos ni criterios concretos de asignación. Ceuta, con una población de 85.000 habitantes, alberga actualmente a más de 1.200 menores extranjeros no acompañados, según datos del Gobierno local de junio de 2026, lo que supone una presión creciente sobre sus recursos sociales y educativos.
La polémica surge en un contexto de tensiones políticas por la gestión migratoria. El PP, en la oposición, ha criticado en repetidas ocasiones la falta de coordinación entre el Gobierno central y las autonomías para abordar la acogida de menores. En julio, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), exigió al Ejecutivo «soluciones urgentes» tras denunciar el colapso de los centros de acogida, donde la ratio de cuidadores por menor supera en un 40% la capacidad recomendada por la Fiscalía de Menores.
El marco legal que regula estos traslados es la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que prioriza el «interés superior del menor» como principio rector. Sin embargo, la norma no establece un plazo máximo para los traslados, lo que ha generado discrepancias entre administraciones. En 2025, el Tribunal Supremo avaló la competencia del Estado para redistribuir a estos menores entre comunidades autónomas, aunque condicionó la medida a la existencia de plazas disponibles y a la evaluación individual de cada caso.
La postura del PP contrasta con la del Gobierno, que defiende el plan como una medida «humanitaria y necesaria» para garantizar derechos básicos como la educación y la salud. Organizaciones como Save the Children han respaldado la iniciativa, advirtiendo de que la saturación en Ceuta «vulnera los derechos de la infancia». Hasta el momento, ni el Ministerio ni el PP han concretado alternativas al traslado, más allá de las declaraciones genéricas sobre la reunificación familiar.
