El decreto de vivienda regula los alquileres de temporada y por habitaciones, permite prorrogar contratos y limita operaciones de inversión residencial, mientras los propietarios advierten de que la oferta puede retirarse del mercado.
El Gobierno ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas de vivienda que amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. El decreto también regula los alquileres de temporada y por habitaciones, permite la prórroga de determinados contratos y limita algunas operaciones de inversión residencial. La norma llega con las primeras críticas de expertos inmobiliarios y colectivos de propietarios, que consideran que vuelve a actuar sobre las viviendas ya existentes sin resolver la falta de oferta.
El texto contempla además que la Administración asuma las rentas impagadas en los casos de desahucio protegidos, en el marco del caso conocido como ‘Maricarmen’. La ampliación de la protección se extiende a los desahucios de hogares vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional, un supuesto que hasta ahora quedaba cubierto por la normativa vigente y que el nuevo decreto prolonga hasta 2030.
Unsain: la Administración debe generar vivienda asequible
Iñaki Unsain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria y personal shopper inmobiliario, sostiene que las nuevas medidas «siguen intentando resolver la crisis de acceso a la vivienda actuando sobre propietarios, inversores e inmuebles ya existentes». Para Unsain, la falta de vivienda disponible sigue sin resolverse y la Administración debe asumir un papel más activo en la generación de vivienda asequible. «La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas del país, pero seguimos intentando solucionarlo actuando sobre los propietarios, los contratos y las viviendas que ya existen», señala. A su juicio, la solución pasa por que la Administración genere vivienda asequible y aumente la oferta de forma estructural.
Sobre la protección frente a los desahucios, Unsain considera que proteger a las personas vulnerables es necesario, pero rechaza que esa responsabilidad recaiga sobre los propietarios particulares. «Proteger a las personas vulnerables es imprescindible, pero no se puede convertir al pequeño propietario en la alternativa habitacional que la Administración no ha sido capaz de ofrecer», afirma. En su opinión, la respuesta debería proceder de los recursos públicos y del parque residencial de las administraciones.
Goenaga: el decreto traslada al propietario una función del Estado
Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario de AF Legis, considera que el decreto «traslada al propietario una función que corresponde al Estado». La jurista cuestiona especialmente la suspensión de los lanzamientos cuando no existe una alternativa habitacional y señala que la Administración no dispone actualmente de suficiente vivienda social para dar respuesta a estas situaciones. Goenaga también critica las ayudas previstas para los propietarios afectados. A su juicio, estas medidas suponen «gastar más dinero público» y las califica de «chapuzas y remiendos». Para la abogada, la solución pasa por aumentar el parque público y facilitar que los propietarios puedan poner sus viviendas en alquiler con menos restricciones.
El temor a que parte de la oferta se retire del mercado
El posible efecto de las nuevas medidas sobre la oferta de alquiler es otro de los puntos que genera preocupación entre los expertos. Unsain considera que el aumento de obligaciones, limitaciones e incertidumbre puede llevar a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o a descartar nuevas inversiones. «Si la percepción es que cada nuevo decreto reduce la capacidad de decisión del propietario, muchos optarán por no alquilar o por buscar alternativas fuera del mercado residencial tradicional», advierte. A su juicio, una menor oferta puede incrementar la competencia entre los potenciales inquilinos y dificultar todavía más el acceso a la vivienda de los perfiles con menos recursos.
Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com, comparte el diagnóstico de que España afronta un problema estructural de falta de oferta mientras la demanda continúa creciendo y los precios siguen tensionados. Por ello, considera que las medidas de protección a los inquilinos deberían ir acompañadas de incentivos para que los propietarios mantengan sus viviendas en alquiler y de un impulso a la construcción de nuevas casas. Font pone además el foco en la estabilidad regulatoria. «Si las reglas cambian continuamente, aumenta la incertidumbre y existe el riesgo de que parte de la oferta se retire o se destine a otros usos», apunta. En su opinión, proteger al inquilino debe ir acompañado de medidas dirigidas a preservar y aumentar la oferta disponible.
La plataforma de afectados pide seguridad jurídica y más agilidad
La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación había advertido antes de la aprobación del decreto sobre el riesgo de las medidas antidesahucios. El colectivo considera que paralizar los desalojos de determinados inmuebles puede generar problemas de seguridad jurídica y reclama que la atención a las familias vulnerables sea asumida por las administraciones públicas. La plataforma sostiene que, si existen hogares en situación de vulnerabilidad, deben ser los servicios sociales y las administraciones quienes proporcionen soluciones habitacionales con recursos propios, en lugar de trasladar esa carga a los propietarios. Su portavoz, Ricardo Bravo, reclama además una normativa que garantice la seguridad jurídica y agilice los procedimientos de desahucio. «Si existen familias en situación de vulnerabilidad, son los servicios sociales y las administraciones públicas quienes deben dotar de soluciones habitacionales con presupuestos propios y recursos reales», sostiene.
Sigue la cobertura: Junts exige separar la reforma de la LAU para aprobar el decreto de vivienda
