El juez de la Audiencia Nacional descarta indicios de desvío de fondos comunitarios en la trama de la exmilitante del PSOE
El juez Santiago Pedraz ha descartado que existan indicios de afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el caso Leire Díez. En una providencia dirigida a la Fiscalía Europea, el magistrado de la Audiencia Nacional ha confirmado que «no consta la existencia de indicios» que vinculen fondos comunitarios con la supuesta trama liderada por la exmilitante socialista.
La decisión responde a una solicitud del fiscal europeo Luis Miguel Jiménez, quien el pasado 7 de julio pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar si los fondos destinados a las elecciones europeas de 2024 fueron desviados a actividades relacionadas con Díez. Según el escrito, un particular denunció que «los fondos relacionados con la financiación de la campaña electoral del Parlamento Europeo de 2024 pueden haberse desviado de su propósito declarado».
Pedraz, sin embargo, ha limitado su investigación a los hechos conocidos en la causa que ya investiga. La Fiscalía Europea, según la providencia, deberá dirigirse directamente al juez si requiere más información, aunque el magistrado no ha encontrado hasta ahora pruebas que justifiquen su competencia en el caso.
El caso Leire Díez, que involucra a la exsecretaria general de la Federación Socialista Madrileña, se enmarca en una investigación más amplia sobre presuntos delitos de corrupción en el PSOE. La trama, según las primeras denuncias, habría utilizado fondos públicos para actividades no declaradas, aunque hasta ahora no se ha confirmado ninguna vinculación con fondos europeos.
La decisión de Pedraz podría cerrar una línea de investigación que la Fiscalía Europea había abierto para evaluar si los hechos denunciados afectaban a los intereses de la UE. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado podría revisar el caso si considera que hay elementos que requieren una investigación más profunda.
El 23 de julio, el juez respondió a la UCO indicando que los hechos por los que interesa información están siendo conocidos e investigados por su órgano, y solicitó que cualquier solicitud de información se dirija directamente a su juzgado, en lugar de a la UCO, reforzando la delimitación de su competencia en el proceso.
