El Gobierno de PP-Vox lanza un plan con inteligencia artificial para reducir plazos y simplificar procedimientos administrativos
Manuel Gavira, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Desregulación, ha puesto en marcha un plan para revisar 461 normas y casi 1.000 procedimientos administrativos hasta finales de 2027. El objetivo es eliminar trámites obsoletos, reducir plazos y aplicar herramientas de inteligencia artificial para agilizar la gestión pública.
El plan, liderado por la Consejería de Desregulación, afecta a todos los departamentos autonómicos y busca simplificar la normativa vigente en Andalucía, donde de las 16.460 normas aprobadas desde la autonomía, 10.682 siguen en vigor. Gavira ha destacado que el proyecto no es exclusivo de Vox, sino una medida acordada entre PP y Vox en los pactos de legislatura.
Entre las medidas concretas, se analizarán 33 normas por consejería para detectar redundancias o duplicidades, y se revisarán 377 procedimientos para reducir plazos o sustituir autorizaciones por declaraciones responsables. Además, se evaluarán 946 trámites para actualizar los servicios administrativos y se simplificará el lenguaje utilizado en la comunicación con los ciudadanos.
El plan incluye la creación de un nuevo cargo: Juan Ramón Hernández Moreno, experto en optimización administrativa, ha sido nombrado director general de Simplificación y Eficacia Administrativa. Su experiencia previa en la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Madrid refuerza el enfoque técnico del proyecto.
Gavira ha subrayado que los resultados se medirán con datos objetivos, no con declaraciones, y que el objetivo es que los andaluces noten menos papeleo y plazos más cortos. La primera fase concluirá en diciembre de 2027, con una evaluación final que determinará su impacto real.
El plan de simplificación, que se remonta a un decreto de 2019, se reactivó en la actual legislatura para cumplir los acuerdos entre PP y Vox. Desde su inicio, el Gobierno andaluz ha mantenido una política de revisión constante, con la intención de que cada normativa sea evaluada y, cuando sea necesario, eliminada o actualizada para reflejar la realidad administrativa actual.
