La Mesa pone fin a un año de prórrogas y los grupos deberán registrar sus enmiendas al articulado el miércoles
El Congreso ha reactivado la tramitación del proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, la norma que recoge la condonación de la deuda autonómica. La Mesa de la Cámara ha puesto fin este martes a un año de prórrogas del plazo de enmiendas, según han confirmado fuentes parlamentarias.
La ley supone que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de la deuda existente en las comunidades. El objetivo declarado es mejorar la situación financiera de las autonomías, facilitar su acceso a los mercados en mejores condiciones y permitir un ahorro en intereses de unos 6.700 millones.
El texto llegó al Congreso en diciembre de 2025, remitido por el Consejo de Ministros. Después permaneció guardado en un cajón durante seis meses. No fue hasta el pasado mes de julio cuando se celebró su primer debate en el Pleno, donde fueron rechazadas las enmiendas de totalidad planteadas por el PP y Vox. Ahora los grupos deberán presentar sus enmiendas al articulado el miércoles.
El Gobierno sostiene que la asunción de deuda «corrige unos desequilibrios que las cuentas de las comunidades arrastran desde hace más de una década». Añade que «la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera supuso un fuerte deterioro de las cuentas públicas».
Un año de prórrogas en la Mesa del Congreso
El retraso acumulado no fue un paréntesis administrativo menor. La Mesa, órgano que fija el calendario legislativo y decide cuándo se cierran los plazos de enmiendas, mantuvo abierta la vía de presentación durante doce meses. Ese mecanismo permite a los grupos dilatar una tramitación sin votarla en el Pleno. Con el cierre del plazo, la ley entra en su fase de trabajo en ponencia y comisión, donde el PP y Vox ya intentaron sin éxito frenarla en julio.
Las comunidades de régimen común ganan 6.700 millones en intereses
La norma afecta solo a las autonomías de régimen común, no a las forales. Para las comunidades con mayor deuda acumulada, la asunción estatal rebaja la carga de intereses que pagan cada año. Ese ahorro de 6.700 millones es la cifra que el Gobierno pone sobre la mesa para justificar el traspaso. La condonación no elimina la deuda: cambia de acreedor, del mercado al Estado.
El PP y Vox rechazaron el texto en su primera votación. Su posición en la comisión marcará si la ley avanza con cambios o llega al Pleno en los términos del Gobierno.
