La comisión del Congreso escudriña las contradicciones de los responsables autonómicos mientras Pradas niega mentiras y culpa a Madrid del abandono
Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gabarda, ha reconocido ante la comisión del Congreso que investiga la dana que «evidentemente la gestión fue un desastre».
Durante su comparecencia, Mompó admitió que «faltó muchísima información» y que «en ningún momento se le pasó por la cabeza» la magnitud de la tragedia, aunque insistió en que tampoco la anticiparon los cuerpos de emergencias. Sin embargo, el político valenciano, quien urgió al envío de un Es-Alert con la frase «enviadlo de una puta vez», reconoció que la demora en la alerta pudo deberse a dudas técnicas sobre cómo activarla. «Posiblemente por eso se tardó tanto», declaró.
Mompó también criticó abiertamente al Gobierno central, acusándolo de «instrumentalizar la catástrofe y a las víctimas». «Eso solo entra en la cabeza de quienes en ese momento estaban en Madrid votando leyes españolas», zanjó, en un claro ataque a Pedro Sánchez y sus socios. Su declaración contrastó con la de Salomó Pradas, exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat, quien también compareció ante la comisión y negó haber mentido. Pradas, única imputada junto al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, insistió en que actuó «todo lo que pudo» y que la información disponible en el Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencias) era limitada: solo se alertó del riesgo de rotura de la presa de Forata.
Las acusaciones de Teresa Jordà (ERC), quien tachó a Mompó de «mentiroso» por contradicciones con declaraciones previas, y las de Ignacio Gil Lázaro (Vox), que calificó a Diana Morant de «cómplice silente» de la «cloaca san chista», envenenaron el debate. Mientras, el PSOE, a través de Vicente Sarriá, reprochó a Mompó «frivolidad» e «incompetencia», vinculando sus declaraciones a sus presuntas aspiraciones a presidir la Generalitat.
El PP, por su parte, defendió a Mompó del «acoso» de la izquierda y cuestionó el papel de los cuerpos de seguridad, que según Óscar Clavell no intervinieron hasta «cien horas después». Pradas, en respuesta, atribuyó el abandono al Gobierno de España y recordó que ella misma gestionó con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la intervención de la policía local.
La comisión, que investiga las responsabilidades políticas de la tragedia —que dejó 14 víctimas mortales—, profundiza en las contradicciones entre las versiones autonómicas y las del Ejecutivo. Mientras Mompó y Pradas se escudan en la falta de información, los partidos de la oposición exigen respuestas concretas sobre por qué se actuó tarde y mal. El debate, marcado por acusaciones cruzadas, refleja la polarización política en torno a una catástrofe que aún no ha sido cerrada judicialmente.
