La exconcejera de Valencia acusa al TSJCV de manipulación y denuncia una ‘sentencia injusta’ en el caso DANA
Salomé Pradas, exconcejera de Compromís en Valencia y condenada por el caso DANA, rompió a llorar este lunes durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Generalitat Valenciana. Con voz temblorosa, anunció que «voy a decir la verdad» y acusó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de haber emitido una «sentencia injusta» que la condenó a seis años de prisión por un delito de prevaricación.
Pradas, que ya cumplió condena en prisión, denunció que la sentencia del TSJCV —que desestimó su recurso y confirmó la condena— fue «manipulada» para ajustarse a una narrativa política. Según declaró, «no hubo prevaricación, hubo una decisión técnica que se tomó en un contexto de emergencia». Su testimonio, grabado en vídeo y difundido por The Objective, contrasta con la versión del Gobierno valenciano, que defendió la legalidad del decreto aprobado durante la crisis de la DANA en 2021.
El caso DANA, que estalló en 2021 tras las inundaciones que dejaron 17 muertos en la Comunidad Valenciana, llevó a la exconcejera a ser juzgada por supuestamente aprobar ayudas irregulares. El TSJCV, en una sentencia firme, rechazó su recurso y mantuvo la condena, aunque redujo la pena a cuatro años por prescripción. Pradas, sin embargo, insistió en que «nunca hubo beneficio personal» y que su actuación buscaba «proteger a los ciudadanos» en medio del caos.
Su comparecencia ante la comisión de investigación —que investiga la gestión política del caso— llega en un momento clave: el Tribunal Constitucional podría revisar la legalidad del decreto que aprobó el Gobierno valenciano (PSPV-PP) durante la emergencia. Si el Constitucional anula el decreto, las condenas a Pradas y otros implicados podrían caer por prescripción. Hasta ahora, el PP valenciano y el PSPV han defendido la sentencia, pero el testimonio de Pradas añade un giro inesperado al debate.
La comisión, presidida por el diputado de Unidas Podemos, analizará ahora si hay indicios de «manipulación judicial» o «errores graves» en la instrucción del caso. Mientras, el TSJCV mantiene que su sentencia fue «técnica y ajustada a derecho», aunque fuentes jurídicas consultadas por The Objective señalan que el caso podría abrir una «brecha» en la interpretación de la prevaricación en emergencias.
