Educación suprime del registro federal la norma sobre el Título IX y restablece el protocolo de 2020 con mayores garantías para los acusados
Las escuelas de Estados Unidos se quedan formalmente sin el marco federal que protegía de manera explícita la orientación sexual y la identidad de género. La administración del presidente Donald Trump derogó el lunes las directrices introducidas por Joe Biden sobre el Título IX. Esta normativa de 1972 prohíbe la discriminación por razón de sexo en todos los centros que reciben fondos públicos del país.
El Departamento de Educación ha formalizado la retirada del texto tras meses de disputas legales. Su titular, Linda McMahon, confirmó a través de un comunicado oficial la supresión de la norma de 2024 del registro federal. Con este paso burocrático, Washington recupera la regulación diseñada durante el primer mandato del mandatario republicano.
El alcance de la reforma de 2024
La medida aprobada en 2024 interpretaba de manera directa que el concepto legal de discriminación sexual amparaba a las minorías sexuales. Esa redacción extendía la protección federal tanto al alumnado como a los empleados frente a tratos desiguales por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Dicho texto ampliaba la propia tipificación del acoso por razón de sexo dentro de las aulas. El catálogo sancionador incorporaba expresamente conductas como las agresiones sexuales, la violencia doméstica, la violencia en el seno de la pareja y el hostigamiento continuado.
La vuelta a las directrices de 2020
La resolución devuelve la vigencia plena a las directrices federales ratificadas en 2020. Aquel texto fijaba una definición considerablemente más restrictiva respecto a lo que constituye acoso en el entorno académico. Al mismo tiempo, otorgaba un volumen superior de garantías procesales a aquellos estudiantes que resultaran denunciados por infracciones disciplinarias.
En la práctica de las aulas, el impacto inmediato de esta firma administrativa resulta limitado. El Ejecutivo republicano ya había dejado de aplicar el esquema diseñado por los demócratas desde enero de 2025. Varios tribunales de justicia del país bloquearon y anularon previamente las medidas antes de su derogación definitiva.
Según informes judiciales, la primera orden de bloqueo se emitió en marzo de 2025, cuando un tribunal federal de la 9ª Circuito declaró que la ampliación del Título IX violaba la Constitución al extender la prohibición de discriminación más allá de su alcance original. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema en una audiencia de junio de 2025, lo que obligó al Departamento de Educación a suspender la aplicación de la norma hasta que se resolviera el litigio.
La regulación de 2024 fue publicada en el Registro Federal, lo que la convirtió en parte del marco normativo aplicable a los centros educativos financiados con fondos federales.
