Conde-Pumpido acusa al Tribunal Supremo de vulnerar la ley y la tutela judicial efectiva en su interpretación de la malversación del 1-O
Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, presentará el próximo 6 de octubre una ponencia que obligará a la Sala de lo Penal del Supremo a amnistiar a Dolors Bassa y, probablemente, a todo el resto de condenados por el procés, incluyendo a Carles Puigdemont. El texto, al que ha tenido acceso 20minutos, rebate la interpretación del Supremo sobre la malversación de fondos públicos durante el referéndum del 1-O, acusándolo de «contravenir las reglas de la lógica y el sentido común» y de vulnerar el derecho a una resolución motivada.
La clave del debate radica en cómo interpretar la ley de amnistía: el Supremo consideró que los líderes independentistas actuaron con «propósito de enriquecimiento» al usar fondos públicos para sus fines políticos, mientras que Conde-Pumpido argumenta que solo debe excluirse la malversación con «fines de corrupción personal», no aquella vinculada al procés. La ponencia establece que la malversación será amnistiable siempre que exista una «conexión causal» entre los fondos desviados y los objetivos independentistas.
El fallo del Constitucional no solo afecta a Bassa, sino a otros condenados como Oriol Junqueras o Jordi Turull, cuya situación dependerá de si el Supremo acata la interpretación del Constitucional. La decisión podría reabrir el debate sobre la aplicación de la ley de amnistía a los casos más polémicos del procés, donde el Tribunal Supremo ya había rechazado medidas de gracia para los implicados en la malversación.
El Tribunal Constitucional actúa como órgano de garantías constitucionales, pero su intervención en este caso tiene un peso político adicional: su fallo podría forzar al Gobierno a revisar su postura sobre la amnistía, un tema clave en las negociaciones con Junts per Cataluña y ERC. La Sala de lo Penal del Supremo, por su parte, deberá ajustar su criterio legal a la nueva interpretación, lo que podría generar tensiones internas en el órgano judicial.
La ley de amnistía, aprobada en junio de 2022, excluye expresamente la malversación con «propósito de enriquecimiento», pero deja abierta la interpretación sobre qué conductas encajan en esa definición. El Supremo había sido contundente al considerar que los líderes independentistas actuaron con ese fin, mientras que el Constitucional ahora matiza que solo debe aplicarse a casos de corrupción personal, no a acciones vinculadas al proyecto independentista.
