El presidente del Constitucional lleva al Pleno del 6 de octubre un borrador que ordena revisar las condenas por malversación, en línea con la ley de amnistía
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, propone en un borrador de sentencia que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revise y declare amnistiados los delitos de malversación contra Oriol Junqueras, Jordi Turull y Dolors Bassa, aplicando el carácter preferente y urgente de la ley de amnistía. El texto, que se debatirá en el Pleno del 6 de octubre, busca forzar una nueva resolución judicial tras el rechazo inicial de la mayoría progresista a estimar sus recursos.
El borrador, que ya ha sido modificado tras el rechazo a una primera ponencia, refleja un giro estratégico en el Constitucional: mientras la mayoría progresista (PSOE, Sumar y PNV) había votado en contra de conceder el amparo a los condenados, Conde-Pumpido alinea su postura con la exigencia de urgencia que recoge la ley de amnistía, aprobada en junio de 2022. La ley establecía un plazo de dos años para resolver estos casos, pero el Supremo los ha retrasado sistemáticamente, lo que ha generado tensiones con el Gobierno y los partidos independentistas.
El caso de Turull es clave: su recurso, inicialmente desestimado, ha sido reabierto por una nueva ponencia del magistrado José María Macías, quien ahora propone estimarlo. La decisión afecta directamente a los tres exconcejales condenados por el delito de malversación (Junqueras, Turull y Bassa), cuya situación jurídica quedó en suspenso tras la aprobación de la amnistía, aunque el Supremo mantuvo sus condenas hasta que el Constitucional resuelva.
La Sala de lo Penal del Supremo ha sido el principal freno a la aplicación de la ley de amnistía. Desde su aprobación, el tribunal ha rechazado o retrasado la mayoría de los recursos presentados por los afectados, argumentando falta de competencia o plazos procesales. Sin embargo, el borrador de Conde-Pumpido obliga al Supremo a actuar con celeridad, algo que podría acelerar la resolución de otros casos pendientes, como los de Carles Puigdemont o Raül Romea, aunque estos no están incluidos en el texto actual.
El Pleno del 6 de octubre será decisivo: si el Constitucional aprueba el borrador, el Supremo tendrá 30 días para emitir una nueva resolución. La presión política es alta, ya que el Gobierno y los partidos independentistas exigen una aplicación estricta de la ley, mientras que el PP y Vox han criticado la amnistía como un instrumento de impunidad. La decisión también podría tener repercusiones en otros procesos judiciales contra líderes independentistas, como los relacionados con el referéndum del 1-O.
