Mónica García y Sira Rego advierten que el texto no llegará al Consejo de Ministros el martes sin medidas contundentes contra fondos buitre y desahucios
El Gobierno ha advertido este 28 de septiembre que el Real Decreto Maricarmen —la norma estrella para frenar la crisis de vivienda— no está listo y rechaza soluciones «parciales». Las ministras Mónica García (Sanidad y líder de Más Madrid) y Sira Rego (Juventud e Infancia) han confirmado que el texto no se aprobará en el Consejo de Ministros del martes, como exigían los colectivos en la acampada de Sol, y han tachado de insuficientes las propuestas actuales.
García, en su cuenta de X, ha detallado las medidas irrenunciables que el decreto debe incluir: prohibición de desahucios para población vulnerable, límites al alquiler turístico, regulación del alquiler de habitaciones y la expulsión de fondos buitre de viviendas. «Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias», ha sentenciado, alineándose con las demandas de la manifestación del sábado 24 de septiembre y la posterior acampada en la Puerta del Sol.
El decreto, que lleva meses en negociación, se enmarca en la Ley de Vivienda aprobada en 2023 —una norma que ya preveía herramientas como la limitación de precios en zonas pensionadas, pero cuya aplicación práctica ha chocado con la falta de consenso en el Congreso y la presión de sectores inmobiliarios. La acampada, que reclama medidas urgentes, ha escalado la tensión: mientras el Gobierno insiste en que el texto debe ser «contundente», el PP y Vox ya han anunciado que bloquearán cualquier medida que consideren «intervencionista», como ocurrió con la ley de 2023.
Lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno ante un problema que, según el INE, afecta al 37% de los hogares españoles (1 de cada 3) con dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca. La ministra García ha dejado claro que no habrá retrocesos: el decreto, si llega al Consejo, deberá incluir todas las medidas pactadas con los colectivos sociales, o no se aprobará. La fecha límite se acerca: si no hay acuerdo para el martes, la presión en Sol podría extenderse a una huelga de alquileres el próximo 10 de octubre, como ya han amenazado plataformas como la PAH.
