El sindicato acusa a Francisco Martín Aguirre de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos tras el asentamiento ilegal tras el desahucio de Maricarmen
El sindicato Manos Limpias presentará hoy una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presunto delito de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia se basa en su supuesta falta de acción para desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el sábado, tras una manifestación convocada en apoyo a Maricarmen, una mujer desahuciada.
La acampada, que reclama la aprobación del llamado ‘decreto Maricarmen’, ha generado tensiones institucionales. El Ayuntamiento de Madrid acusó ayer a la Delegación del Gobierno de ‘dejación de funciones’ y falta de diligencia, recordando que corresponde a esta institución el control del orden público durante manifestaciones. Fuentes municipales señalaron que, durante el 15M en 2011, los desalojos fueron coordinados por la Delegación, algo que ahora no ocurre.
Por su parte, la Comunidad de Madrid criticó al Ministerio del Interior por permitir la instalación de la acampada y acusó a la Policía Nacional de ‘lavarse las manos’, alegando que las competencias en materia de orden público corresponden a este cuerpo. El Gobierno regional también responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ‘buscar culpables en lugar de soluciones’, según declaraciones de fuentes regionales.
El conflicto legal se enmarca en un contexto de creciente presión social por la vivienda en Madrid, donde el ‘decreto Maricarmen’ —que busca regular los desahucios y proteger a familias en riesgo de exclusión— sigue sin aprobarse. La querella de Manos Limpias podría agravar la crisis política entre instituciones, ya que el delegado Martín Aguirre enfrenta ahora una investigación judicial por su presunta inacción.
La acampada comenzó la noche del sábado, al término de la manifestación convocada en Madrid tras el desahucio de Maricarmen, y se mantiene para reclamar la aprobación del denominado ‘decreto Maricarmen’. La Delegación de Gobierno, según el Ayuntamiento, no actuó para impedir el asentamiento ilegal, lo que ha llevado a la acusación de ‘dejación de funciones’ y falta de diligencia por parte de la municipalidad.
Asimismo, la Comunidad de Madrid acusó al Ministerio del Interior, a través de la Delegación de Gobierno, de permitir la instalación de la acampada y de ‘lavarse las manos’ al plantear que sea la Policía Municipal la que proceda a su desalojo. Las fuentes del Gobierno regional aseguraron que ‘lo que está haciendo el Ministerio del Interior es ilegal’ y defendieron que las competencias corresponden a la Policía Nacional, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ‘buscar culpables y no encontrar soluciones’.
