La comisión del Senado, con mayoría absoluta del PP, no recibirá sus declaraciones de la renta desde 2011
El Ministerio de Hacienda ha denegado a la comisión de investigación de la SEPI el acceso a las declaraciones de la renta de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2011 y 2025, imputado en el caso Plus Ultra. La respuesta, firmada por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, argumenta que el expresidente no cumple los requisitos legales para ceder esos datos durante ese periodo.
La solicitud, aprobada por el PP con su mayoría absoluta en el Senado a finales de julio, pedía además información sobre sociedades mercantiles en las que Zapatero haya participado como socio, accionista o administrador. Sin embargo, el Gobierno alega que la ley Real Decreto-Ley 5/1994 no obliga a facilitar esos datos, ya que Zapatero no desempeñó cargos públicos relevantes entre 2011 y 2025 —solo lo hizo hasta 2011—. La comisión, presidida por el PP, insiste en que la información es clave para investigar el caso Plus Ultra, donde el expresidente está imputado por presuntos pagos irregulares.
El bloqueo legal se basa en el artículo 95 de la Ley 58/2003 de la Agencia Tributaria, que protege la confidencialidad de los datos fiscales. Según el Gobierno, la comisión no ha demostrado la «necesidad» de esos documentos para su investigación. El PP, sin embargo, denuncia que se usa la ley para obstaculizar la transparencia en un caso de corrupción.
Este rechazo no es el primero en el caso. En 2023, el Tribunal Supremo ya denegó a la Fiscalía acceder a las cuentas banceras de Zapatero por el mismo motivo: la falta de vinculación directa con su etapa como presidente. Ahora, la comisión del Senado —con mayoría absoluta del PP— podría recurrir la decisión o buscar alternativas legales para obtener la información.
El caso Plus Ultra investiga presuntos pagos de 53 millones de euros a un grupo vinculado a Zapatero durante su mandato, en el marco de la crisis financiera de 2012. La imputación se centra en si esos fondos fueron destinados a actividades políticas ilegales o a beneficiar a empresas cercanas al expresidente.
