El Senado aprueba mantener al magistrado un año extra, en un contexto de tensiones por la amnistía a Puigdemont
Cándido Conde-Pumpido sigue al frente del Tribunal Constitucional (TC) tras la decisión del Senado de prorrogar su mandato un año más, pese a que su nombramiento caducó en diciembre de 2025. La votación, que se enmarca en la mayoría absoluta del PP en la cámara alta, llega en un momento clave: a menos de un mes de la sentencia sobre la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont, un caso que ha reavivado las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo.
El Partido Popular (PP) ha criticado abiertamente el papel de Conde-Pumpido, a quien considera un «enemigo de la democracia» desde su etapa como fiscal general durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, en lugar de destituirlo —como podrían haber hecho con su mayoría en el Senado—, los populares optaron por mantenerlo en el cargo, al menos hasta enero de 2027.
La Constitución establece que los 12 magistrados del TC son elegidos por tercios: tres por el Gobierno, tres por el Congreso y seis por el Senado. Conde-Pumpido forma parte de la terna senatorial designada hace una década, pero su mandato venció el pasado diciembre. Junto a él, otros tres magistrados —María Luisa Balaguer (progresista), Ricardo Enríquez y José María Macías (conservadores)— también enfrentan la misma situación de caducidad.
Sentencia 2019 y disputa política en el TC
El TC ha sido escenario de roces políticos en los últimos años, especialmente tras la sentencia sobre el procés en 2019, que declaró ilegal la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Desde entonces, tanto el gobierno de Pedro Sánchez como la oposición han intentado influir en su composición. El PP acusa al ejecutivo de usar el TC para «politizar» la justicia, mientras que sectores progresistas denuncian que la cámara alta —dominada por los populares— bloquea renovaciones que podrían alterar el equilibrio ideológico del tribunal.
PP evita renovación que favorezca al Gobierno
Para el PP, mantener a Conde-Pumpido responde a una estrategia de control: evitar que el Gobierno, con apoyo de Sumar y ERC, impulse una renovación que favorezca a magistrados afines a su agenda. Por su parte, el ejecutivo podría verse obligado a presionar para modificar el reglamento del Senado y forzar una votación que permita nombrar a nuevos magistrados antes de que finalice el mandato actual. La decisión también afecta a la oposición catalana, que ve en el TC un posible aliado para revisar la legalidad de la amnistía.
La prórroga de Conde-Pumpido, sin embargo, no está exenta de riesgos legales. El propio magistrado ha denunciado su situación irregular, lo que podría abrir un debate sobre la legitimidad de su continuidad en el cargo. Mientras, el reloj corre hacia la sentencia sobre Puigdemont, que podría redefinir el mapa político y judicial de España.
