El desahucio de Maricarmen, símbolo de la crisis habitacional, obliga a Sánchez a acelerar un texto que lleva meses paralizado
Isabel Rodríguez lidera el Ministerio de Vivienda en una carrera contra el reloj para aprobar este martes el decreto de medidas urgentes, tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 años en su vivienda. El Gobierno, presionado por el Sindicato de Inquilinos —que acampa desde este domingo en Puerta del Sol—, ha acelerado las negociaciones con sus socios, especialmente con Junts, para evitar un retraso mayor.
El texto, ya encarrilado, pero aún no cerrado a última hora del domingo, responde a la indignación social generada por el desalojo de Maricarmen, un caso que ha trascendido como símbolo de la crisis de acceso a la vivienda. Hasta el martes pasado, el Gobierno apostaba por esperar a tener garantizados los apoyos parlamentarios, pero la presión de Sumar y el malestar social han forzado al presidente Pedro Sánchez a cambiar de estrategia.
El decreto, que lleva meses retrasado desde julio, incluye medidas para frenar los desahucios y mejorar el acceso a la vivienda, aunque su aprobación definitiva depende aún de los acuerdos con los socios de coalición.
El desahucio de Maricarmen como detonante
El caso de Maricarmen, desalojada de su vivienda en un procedimiento que ha conmocionado a la opinión pública, ha convertido este decreto en una prioridad. Aunque el Gobierno ya tenía un borrador listo, la decisión de no retrasarlo más refleja la urgencia de responder a un problema que ha escalado desde lo individual a lo colectivo. El Sindicato de Inquilinos, que ha movilizado a cientos de personas en Madrid, exige medidas inmediatas, y su acampada en Puerta del Sol —ya en su segunda noche— presiona para que el texto se apruebe sin demoras.
El papel de Junts y Sumar en la negociación
Junts ha sido clave en las negociaciones, aunque su apoyo no está garantizado. El partido, que ha criticado en el pasado la lentitud del Gobierno en este ámbito, podría condicionar la aprobación del decreto. Mientras, Sumar ha ejercido presión desde la izquierda, exigiendo avances más rápidos y medidas más contundentes. La tensión entre ambas posturas ha obligado al Ejecutivo a acelerar el proceso, aunque aún no hay un acuerdo definitivo.
El decreto, que incluye ayudas al alquiler y medidas contra los desahucios, busca dar respuesta a una crisis que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, su éxito dependerá no solo de su aprobación, sino también de su aplicación efectiva en un contexto de alta demanda y escasez de viviendas asequibles.
El Gobierno, consciente de la gravedad del momento, ha priorizado este texto sobre otros proyectos legislativos, en un intento por recuperar la iniciativa en un tema que ha sido históricamente débil para su gestión.
Fuente: elDiario.es (Política)
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