El pacto con la formación catalana permitiría llevar la norma al Consejo de Ministros pero abre una brecha con sus socios de izquierda
Pedro Sánchez negocia contra el reloj con Junts para sacar adelante este martes en el Consejo de Ministros un decreto ley sobre vivienda. Las conversaciones buscan articular una respuesta gubernamental inmediata tras el impacto social provocado por el desahucio de Mari Carmen y la posterior acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid. Ambas movilizaciones ciudadanas han alterado las prioridades de la agenda pública estatal, desplazando el foco informativo que durante las últimas semanas permanecía fijado en la crisis de Ceuta.
El contenido de la norma en preparación persigue frenar este tipo de desalojos mediante medidas urgentes de protección residencial. Sin embargo, la vía de interlocución directa elegida por la Presidencia del Gobierno con la formación independentista catalana introduce nuevas tensiones en la gobernabilidad. Un eventual entendimiento con el grupo parlamentario que lidera Junts en las Cortes alejaría al líder socialista de sus habituales aliados a la izquierda del hemiciclo, que defienden topes de precios más estrictos e intervenciones directas sobre los grandes propietarios.
La maniobra parlamentaria evidencia la extrema debilidad aritmética que condiciona cada iniciativa del Ejecutivo de coalición en el Congreso de los Diputados. El Gobierno necesita amarrar apoyos transversales o recurrir a combinaciones incompatibles entre sí para convalidar cualquier decreto ley en el plazo legal de 30 días tras su aprobación ministerial. La formación catalana exige habitualmente garantías de competencias autonómicas e incentivos para los arrendadores, posturas que chocan de forma directa con los postulados de los grupos situados más a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español.
El debate de la vivienda vuelve a tensar la mayoría parlamentaria y la cohesión interna del bloque de investidura. Mientras las protestas se mantienen visibles en el centro de Madrid, el Ejecutivo encara la reunión del gabinete ministerial con el reto de consolidar un texto que logre convalidarse sin quebrar sus equilibrios en la Cámara Baja.
