La esposa de Pedro Sánchez será juzgada por corrupción ante un tribunal con ciudadanos sorteados, mientras defensores y críticos debaten su eficacia y los riesgos de presión mediática
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, será juzgada por dos delitos de corrupción ante el tribunal del jurado popular en España, un sistema que desde su creación en 1995 ha generado controversia por su equilibrio entre participación ciudadana y posibles influencias externas. El caso, que se suma a otros con trascendencia mediática, ha reavivado el debate sobre si el jurado popular —integrado por ciudadanos sorteados sin formación jurídica— puede garantizar imparcialidad cuando los acusados tienen vínculos con la clase política o están rodeados de polémica pública.
El jurado popular, regulado por la Ley Orgánica 5/1995 publicada durante el último mandato de Felipe González, cumple este año 31 años y sigue siendo un órgano excepcional en el sistema judicial español. Solo interviene en delitos concretos —como homicidios, amenazas, corrupción funcional o malversación— y sus miembros, nueve ciudadanos sorteados cada dos años, deciden sobre la culpabilidad del acusado junto a un magistrado que preside el proceso y dicta la sentencia basada en su veredicto.
El caso de Gómez, cuya imputación se conoce desde febrero de 2026, llega en un momento de especial sensibilidad. Según datos oficiales, el 90% de los veredictos del jurado popular terminan en condena, una cifra que sus defensores atribuyen a la seriedad con la que los ciudadanos abordan su función, mientras sus críticos señalan como riesgos la falta de formación jurídica de los jurados y la posible influencia de la opinión pública en causas con gran eco mediático.
El sorteo para formar los jurados se realiza cada dos años en cada provincia, multiplicando por 50 el número de causas previstas para los siguientes ejercicios. En Madrid, por ejemplo, la lista actual —vigente hasta el 31 de diciembre de 2026— incluye a 2.846 ciudadanos, seleccionados entre quienes cumplen requisitos como ser mayores de edad, saber leer y escribir, y no tener antecedentes de inhabilitación política. Los jurados perciben una retribución diaria de 67 euros, además de 65,97 euros por alojamiento y 18,70 euros por comida y cena, mientras que las multas por no comparecer pueden llegar a los 1.500 euros.
El proceso de selección incluye entrevistas y recusaciones presentadas por las partes implicadas. Una vez elegidos, los jurados reciben un documento con las preguntas clave sobre los hechos del caso —el «objeto del veredicto»— y deben deliberar en secreto para decidir la culpabilidad del acusado. Se requieren siete votos para declarar culpable y cinco para absolver, aunque el magistrado puede devolver el acta si detecta errores graves en la motivación.
El caso de Gómez, sin embargo, plantea dudas sobre hasta qué punto el jurado puede actuar con independencia cuando el acusado tiene vínculos con la primera línea del poder político. La Constitución española, en su artículo 125, garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia mediante el jurado, pero también reconoce que esta participación debe ser «en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine». La ley de 1995, heredera de una tradición que se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812 («la Pepa»), buscaba modernizar un sistema que ya existía en otros países europeos, como Francia o Bélgica.
El jurado popular en cifras: un sistema con altos porcentajes de condena y costes elevados
Según datos del Ministerio de Justicia, el jurado popular ha juzgado en los últimos 20 años más de 12.000 casos, con un porcentaje de condenas superior al 90%. Este dato, sin embargo, no refleja la distribución real de los delitos: mientras que en causas como homicidios o allanamientos de morada el jurado actúa con frecuencia, en delitos de corrupción —como los que afectan a Gómez— su intervención es menos habitual, pero no inexistente.
El coste económico del sistema también es un punto de controversia. Cada juicio con jurado puede superar los 100.000 euros, incluyendo gastos de desplazamiento, alojamiento y retribución de los jurados. En 2025, el Ministerio de Justicia destinó 4,2 millones de euros al funcionamiento de los tribunales del jurado en toda España, una cifra que ha generado críticas por su opacidad y la falta de transparencia en la asignación de recursos.
Además, la ley permite excusas para evitar formar parte del jurado en casos como ser mayor de 65 años, haber sido jurado en los cuatro años anteriores, o tener cargas familiares graves. También están exentos los residentes en el extranjero, los militares en activo por razones de servicio, y quienes acrediten «causas graves» que les impidan participar. Estas excepciones, sin embargo, no siempre son suficientes para evitar que el jurado se vea influenciado por la presión mediática, especialmente en casos con gran repercusión.
¿Puede el jurado popular ser imparcial en casos con trascendencia política?
El caso de Gómez no es el primero en el que el jurado popular se enfrenta a un acusado con vínculos políticos. En 2018, el exconsejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, fue juzgado por un tribunal del jurado por su papel en el procés, aunque finalmente el caso se archivó por prescripción. En 2020, el exalcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también fue enjuiciado por corrupción ante un jurado popular, aunque su condena fue recurrida y finalmente anulada por el Tribunal Supremo.
La pregunta que surge ahora es si el jurado puede mantener su imparcialidad en un contexto donde la figura de Gómez está estrechamente ligada a la del presidente del Gobierno. Según el Código Penal, los delitos por los que Gómez podría ser juzgada incluyen la malversación de caudales públicos y el tráfico de influencias, ambos delitos que, según la ley, pueden ser enjuiciados por un tribunal con jurado popular.
Los defensores del sistema argumentan que la participación ciudadana es un contrapeso necesario frente a un sistema judicial profesionalizado, mientras que sus críticos señalan que la falta de formación jurídica de los jurados y la posible influencia de la opinión pública pueden distorsionar la justicia. En un caso como el de Gómez, donde la imputación está rodeada de polémica, el jurado deberá decidir si la presión mediática y política puede afectar a su veredicto.
El proceso de selección de los jurados para este caso ya está en marcha. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el sorteo para formar el jurado se realizará en las próximas semanas, y los ciudadanos seleccionados deberán someterse a un proceso de entrevistas y recusaciones antes de ser asignados al caso. Mientras tanto, el debate sobre la eficacia del jurado popular sigue abierto, con voces que piden reformar el sistema para garantizar mayor transparencia y evitar conflictos de interés.
Lo que está claro es que, independientemente del veredicto, el caso de Gómez marcará un antes y después en la percepción pública del jurado popular en España. Si los ciudadanos sorteados logran emitir un fallo basado exclusivamente en las pruebas —y no en la presión mediática—, el sistema reforzará su legitimidad. Si, por el contrario, el caso se ve influenciado por factores externos, el jurado podría quedar aún más cuestionado como mecanismo de justicia ciudadana.
