El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) revela que menos del 6% de quienes están en riesgo de exclusión acceden a la ayuda pública básica
España registra **8.567.591 personas en riesgo de pobreza**, según el último Índice del Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC). Sin embargo, solo **530.946** —menos del 6% del total— perciben la **Renta Mínima de Inserción (RMI)**, la ayuda pública no contributiva diseñada para garantizar ingresos básicos a quienes no pueden cubrir sus necesidades esenciales.
La RMI, regulada por las comunidades autónomas, varía en cuantía y requisitos según el territorio. Su objetivo es actuar como red de seguridad social para colectivos sin acceso a prestaciones contributivas (como el paro o pensiones). Sin embargo, los datos del DEC —elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales— muestran una **brecha crítica**: mientras la pobreza afecta a casi **1 de cada 8 españoles**, la ayuda llega solo a **1 de cada 16**.
Esta desigualdad en el acceso refleja dos realidades: por un lado, la **fragmentación autonómica** de las políticas sociales, donde algunas CCAA (como Cataluña o Andalucía) amplían los criterios de acceso, mientras otras mantienen requisitos más restrictivos. Por otro, la **dependencia de recursos locales**: la RMI no es una prestación estatal uniforme, sino un sistema de **17 modelos distintos**, financiados y gestionados por cada comunidad. En 2025, el Estado aportó **1.200 millones** para complementar estas ayudas, pero la distribución final depende de las decisiones autonómicas.
El problema no es nuevo. En 2023, el Defensor del Pueblo alertó de que **el 40% de los hogares en pobreza severa no accedía a ninguna ayuda pública**, incluso cuando cumplían los requisitos teóricos. La RMI, además, excluye a colectivos vulnerables como **trabajadores precarios sin cotizaciones** o **inmigrantes en situación irregular**, cuya cobertura depende de programas puntuales (como los fondos europeos Next Generation).
¿Qué pasa ahora? El Gobierno ha incluido en los Presupuestos de 2027 un **fondo adicional de 300 millones** para ampliar la RMI en comunidades con menor cobertura, pero su aplicación dependerá de los acuerdos con las autonomías. Mientras, organizaciones como **Cáritas y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (ESPN)** exigen una **renta mínima estatal única**, con criterios y cuantías homogéneas en todo el territorio. Hasta entonces, la brecha persiste: **8 millones de personas en riesgo, pero solo medio millón de ayudas**.
