La propuesta grava a 1.500 contribuyentes y recaudaría 4.200 millones, destinados a reducir la pobreza infantil en España, donde el 10,7% de menores vive en riesgo de exclusión
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha anunciado hoy en el Congreso el registro de una proposición de ley de Sumar que impone un gravamen del 3% a los patrimonios superiores a 50 millones de euros. La medida, presentada en plena negociación de los presupuestos generales del Estado y con el país inmerso en precampaña electoral, busca financiar una prestación universal por hijo para combatir la pobreza infantil, que en España afecta al 10,7% de los menores de 16 años —el doble que la media europea—.
El impuesto, que según cálculos de Sumar recaudaría 4.200 millones de euros anuales y afectaría a 1.500 contribuyentes, se estructura como una prestación patrimonial no tributaria. Esto permite derivar íntegramente su recaudación a un Fondo de Protección a la Infancia, alimentado también con aportaciones de los Presupuestos Generales. El objetivo es destinar los fondos a una ayuda directa para familias, independientemente de su nivel de ingresos, para reducir la desigualdad.
La iniciativa elimina dos figuras clave en la fiscalidad de grandes patrimonios: la exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio y el límite conjunto del 60% a la cuota del IRPF y el Impuesto de Patrimonio. Según Sumar, estas medidas permiten a las grandes fortunas «no tributar debidamente», lo que perpetúa la concentración de riqueza y la pobreza infantil.
Datos del grupo parlamentario revelan que España tiene el segundo porcentaje más alto de niños en riesgo de pobreza de la Unión Europea, solo superado por Rumanía. Mientras el 10,7% de los menores españoles vive en pobreza, en la UE la media es del 8,1%. Países como Polonia o Portugal, con rentas per cápita un 20% y 13% inferiores a la española, registran tasas del 1,6% y 3,9%, respectivamente.
Sumar enmarca la propuesta en un diagnóstico más amplio sobre la concentración de riqueza: sostiene que la alta pobreza infantil en España «no se corresponde con su nivel de riqueza y renta» y que el gravamen busca «corregir los problemas derivados de la concentración extrema de riqueza que perpetúan la desigualdad». La formación recuerda además que 13 de cada 100 niños pobres de la Unión Europea viven en España, un dato que utiliza para justificar la urgencia de la medida en plena negociación presupuestaria.
El contexto legal: cómo funciona el Impuesto sobre el Patrimonio en España
El Impuesto sobre el Patrimonio, regulado por las comunidades autónomas, grava el valor de los bienes y derechos de las personas físicas con un patrimonio neto superior a 700.000 euros. Sin embargo, desde 2008, el Estado permite a las regiones bonificar hasta el 100% de su recaudación, lo que ha llevado a que 12 comunidades —incluidas Madrid, Andalucía y Cataluña— lo hayan suprimido. La exención de la empresa familiar, que Sumar ahora cuestiona, permite a los contribuyentes excluir del cálculo patrimonial las participaciones en empresas, siempre que superen el 5% del capital y no cotizen en bolsa.
Esta medida, junto al límite del 60% en la cuota conjunta de IRPF e Impuesto de Patrimonio, ha sido criticada por organizaciones como Oxfam Interpón, que denuncian que permite a los grandes patrimonios reducir su carga fiscal. Según un informe de la organización, el 1% más rico de España concentra el 22% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre solo acumula el 3%.
Reacciones y siguientes pasos: ¿qué dice el Gobierno y la oposición?
Hasta el momento, ni el PSOE ni el PP han reaccionado oficialmente a la propuesta. Sin embargo, fuentes del Gobierno consultadas por El Mundo señalan que la medida podría generar tensiones con los socios de coalición, como Podemos, que ya han mostrado reservas ante posibles subidas fiscales en sectores clave para la economía. Por su parte, el PP ha evitado pronunciarse, pero en círculos cercanos al partido se valora negativamente cualquier aumento de impuestos, especialmente en un contexto de precampaña donde la defensa de la clase media y las pymes es un eje central.
La proposición de ley debe ser admitida a trámite por la Mesa del Congreso para su debate en comisión. Si prospera, entraría en la negociación de los Presupuestos, donde su aprobación dependería de los acuerdos entre los grupos parlamentarios. Sumar ya ha advertido de que la medida es «irrenunciable» para reducir la pobreza infantil, un problema que, según sus datos, afecta a 1,3 millones de menores en España.
La iniciativa también plantea un debate sobre la equidad fiscal. Mientras la izquierda argumenta que los grandes patrimonios deben contribuir más, sectores empresariales y partidos de centro-derecha alertan de posibles efectos negativos en la inversión y la competitividad. La propuesta, en cualquier caso, llega en un momento de creciente desigualdad: según la Agencia Tributaria, el 10% más rico de los contribuyentes concentra el 45% de la renta total, frente al 22% que corresponde al 50% más pobre.
